Hasta ahora había
evitado pronunciarme públicamente sobre la crisis política catalana. La razón
no ha sido la de evitar meterme en asuntos complejos que además levantan
pasiones en estas tierras en las que soy un recién llegado. Por desgracia,
siendo liberal, ese a veces muy útil instinto de quedarse callado por prudencia
política está muy relegado en mi orden de prioridades. En cambio, la razón de
mi aparente indiferencia ha obedecido más a la tristeza y la frustración de
anticipar como inevitable lo que desde ayer, primero de octubre, ha comenzado a
manifestarse en Cataluña.
Poniendo las
cosas en perspectiva: ¿Valdría la pena
un solo muerto por cómo la clase política (la catalana y la española) han
decidido comprometerse (para no decir enredarse) en sus estrategias para
afrontar este problema? Intuitivamente debería parecernos que algo está muy
mal cuando la forma en que se ha dejado desarrollar esta crisis pudiera
conllevar algo tan drástico e irremediable como la muerte de alguien. Especialmente
si el muerto pudiera ser un ciudadano de a pie cuya única aspiración, desde su
propia perspectiva personal, pudo ser la de ejercer su derecho de
autodeterminación política, por las razones que creía convenientes (nos
parezcan buenas o no) y a través del medio más civilizado y pacífico de
hacerlo: votando, aunque sea ilegal.
Algo de fondo
está definitivamente mal y el ensordecedor ruido producido en torno a un
problema con tantas aristas, ha evitado a la sociedad española dar con la raíz
del problema y ponerlo sobre la mesa de manera preventiva para intentar
resolverlo antes de pasar a mayores. Tal vez una desgracia estos días ayude a
poner las cosas en perspectiva para atender las razones fundamentales. Tal vez
una desgracia sea efectivamente lo que busca de manera macabra algún sector
independentista, solo para ganar peso en una futura negociación política que se
habría tenido que dar antes de llegar a esto.
Por muy impecable
que pueda ser estos días la actuación de los cuerpos de seguridad en Cataluña,
por muy ajustadas que puedan estar esas acciones al marco legislativo vigente,
por mucho que tengan su origen en las decisiones de jueces y ni siquiera del ejecutivo,
es un juego muy peligroso el que se comenzó a jugar ayer en Cataluña. Al final, en alguna calle, entre insultos,
empujones y entre objetos volando por los aires en medio de un huracán de
adrenalina, cualquier cosa podría pasar. Y lo que al final ocurra será el resultado
directo de utilizar todo el peso del Estado para evitar que se ejerza un
derecho no previsto en el marco legislativo vigente, a través de un mecanismo
pacífico tampoco previsto y que no hace otra cosa que, justamente, evidenciar la ineptitud del Estado en
cuanto a ajustar sus instituciones formales a los derechos fundamentales de los
ciudadanos y a las coyunturas políticas. No solo a los liberales sino a
toda persona bien debería entristecer que pueda ocurrir una desgracia mayor al
ya notable número de heridos, debido al vasto despliegue de poder estatal que
debió ser puesto en marcha esencialmente por causa de un déficit en la propia
actuación del Estado que ahora se planta, resuelto y poderoso porque no le
quedaba otra alternativa, en las calles de Cataluña.
Es una verdadera lástima
que en buena medida lo que nos ha traído hasta acá sea que el problema catalán haya sido predominantemente comprendido y debatido
en términos muy mediocres y superficiales, tanto por los medios de comunicación
como por la clase política. Bien sea en función de la confrontación de
nacionalismos (el español vs el catalán), o en críticas acerca de lo
ciertamente irregular del proceso electoral o, en el caso más refinado, en
términos de la utilidad social de acatar y hacer obedecer el marco legislativo
vigente, más allá de si este es efectivo o no en su rol de garante de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este superficial
enfoque que no nos ha acercado a examinar como es debido las causas
fundamentales del problema, creo que tiene dos grandes raíces principales:
La primera es la equivocada pero generalizada concepción colectivista –el llamado
derecho a la autodeterminación de los PUEBLOS- de lo que en realidad es un
derecho individual fundamental (si bien de eminente práctica asociativa),
prácticamente no reconocido ni desarrollado en ningún marco legislativo dentro
del dominante paradigma Estado-nación: el derecho de los individuos a la libre
y voluntaria asociación y des-asociación política.
En pocas
palabras, según la distorsión colectivista, si no eres PUEBLO o NACIÓN, no se
te reconocería ningún derecho a la autodeterminación. Si tus argumentos para la
secesión no son de este particular sabor de colectivismo, serían excéntricos o
poco importantes y no tendrían oportunidad alguna de comenzar a ser reconocidos
como legítimos por los poderes establecidos. Así puesto, no extraña que el independentismo catalán haya invertido décadas en
alimentar su particular fábula nacionalista para legitimar (además de
movilizar) su proyecto independentista. Tampoco extraña que la respuesta
más mediocre al independentismo catalán sea oponerle el nacionalismo español.
Por supuesto, en su versión discretísima propia del post-franquismo, así sea
invocando la romántica idea nacional de la España unida, en la forma de un
extraño derecho que tendría todo el PUEBLO español a que no le dividan su país.
La ampliamente
aceptada versión colectivista del derecho a la autodeterminación ha sido, en
efecto, un poderoso incentivo para el surgimiento del nacionalismo catalán. Y
no me extrañaría que, especialmente en caso de agravarse la crisis en Cataluña
o de tener eco en otras regiones, se produzca también un resurgimiento del
nacionalismo español y que España se una al triste club de países europeos con nada
despreciables partidos populistas nacionalistas de extrema derecha.
La segunda raíz del mediocre enfoque del problema catalán, creo que es esa
generalizada idea de que la ley y los derechos son exclusivamente aquellos que
se decreten en las instituciones políticas formales que conforman el Estado. O,
más bien, que fuera de estas instituciones formales no existe y, por tanto,
menos aún podría ser superior a ellas, ninguna otra fuente de derecho. Una idea
que, por cierto, se afianza todavía más en contextos democráticos en donde
existe tan solo un grado tolerable y no muy evidente de mínimo irrespeto a
derechos fundamentales. Pero esta concepción de que fuera de la legislación y
mucho menos superior a ella no existe nada es equivocada y peligrosa, aunque en
un país moderno, democrático y civilizado como España, sea poco obvia y
preocupe casi nada al ciudadano promedio.
Un alemán de la
década de los 30 o un venezolano de hoy pueden entender perfectamente que lo
que sale de las instituciones políticas formales, incluso como lo fue en el
caso alemán, atendiendo a todas las formas y procedimientos legales y
democráticos, puede llegar a ser obviamente incompatible con derechos
fundamentales, cuando no impecablemente contrario a toda concepción de dignidad
humana.
Por suerte, la
España de hoy no llega a esos extremos, pero como sucede en cualquiera de las
sociedades liberales occidentales modernas más civilizadas –mucho más allá de
la obviedad y de la consciencia que de esto como problema
trascendental puedan tener sus ciudadanos promedios- los marcos legislativos no necesariamente son perfectamente compatibles
con los derechos individuales fundamentales. En términos llanos: no todas
las leyes son buenas, ni todo lo bueno es ley.
Esta desalineación
entre genuinos derechos y legislación puede manifestarse de varias formas:
1) La legislación puede efectivamente contrariar algunos derechos
fundamentales; 2) La legislación puede tener carencias al no recoger ni
desarrollar algunos derechos fundamentales; y 3) La legislación puede elevar a
la misma categoría de derechos fundamentales cosas que no son tales.
Si la legislación española no prevé el ejercicio de un
derecho, en este caso el derecho a la autodeterminación política, debe
reconocerse y atenderse esa deficiencia pero nunca desconocerse el derecho en
cuestión. La atención y
el esfuerzo deben ponerse en intentar mejorar la legislación y solo en segundo
lugar en hacerla cumplir estrictamente tal y como está a pesar de sus
deficiencias. En este sentido, yo habría esperado que la iniciativa y la
presión para perfeccionar en este aspecto el marco legislativo español viniesen
del bando independentista, pero según mi limitado entender no creo que haya
habido ni la voluntad ni el más mínimo intento. Si este fue el caso, la
responsabilidad entonces recae sobre el gobierno central, cuya principal misión
no es la protección de una España unida, ni hacer cumplir un marco legislativo
deficiente, sino la de garantizar los derechos fundamentales de los españoles.
Por lo que, incluso a pesar de comprender que se pretenda también ser el
protector de una España unida y de tener la obligación de cumplir y hacer
cumplir la legislación vigente frente a acciones claramente ilegales del
independentismo catalán, la prioridad del gobierno central debió haber sido
iniciar un diálogo nacional en torno a negociar la reforma del deficiente marco
legislativo, para simultáneamente: poder garantizar un derecho hasta entonces no
reconocido y evitar una crisis política cuyas consecuencias pueden ser mucho
más graves que la simple independencia de Cataluña.
La aspiración no debe ser nunca mantener rígidos marcos
legislativos sino permitir que evolucionen para compatibilizarlos cada vez
mejor con los genuinos derechos individuales fundamentales de los ciudadanos. Dicha evolución, por supuesto, está marcada por los
ritmos políticos, las formas institucionales y las inercias históricas de cada
sociedad. Pero los únicos que son “de piedra” y “sagrados” son los derechos
inherentes a nuestra común naturaleza humana, jamás el aparataje formal
burocrático con el que se intenta a duras penas garantizarlos y desarrollarlos
efectivamente desde ese artefacto político llamado Estado. Que las
instituciones políticas formales estén petrificadas y que esto sirva para
perpetuar una situación en la que, para colmo, no se ofrezcan garantías efectivas
suficientes de algunos derechos fundamentales, podría ser el sueño de los más
rancios conservadores o, en general, de quienes presidan o aspiren a controlar
esas instituciones petrificadas para velar en primer lugar por sus propios
intereses. Pero una fiel protección a toda costa del status quo no tiene por
qué ser de interés general y las más de las veces suele ser más bien contrario
a este.
Los Estados-nación modernos no se supone que sean
prisiones políticas con una configuración eterna e inamovible hasta el fin de
los tiempos. Son los
sucesores de una multitud de otros sistemas políticos diferentes experimentados
en el pasado y serán tan solo los ancestros de las futuras comunidades
políticas formales que aún no conocemos. Las cosas cambian y los países también
y nada nos sugiere que el Estado-nación sea el diseño acabado perfecto que haya
que tener por sagrado y defenderlo a cualquier costo. Mucho menos la
configuración concreta de un Estado en particular. La España de hoy, como
cualquier otro país, es una comunidad política que ni siempre fue igual ni
continuará siendo igual en el futuro. Lo ciertamente importante sería
preguntarnos no a qué evolucionará sino ¿Cómo evolucionará? Así como la democracia nos permitió
prescindir del derramamiento de sangre en la alternancia del poder, ya
podríamos experimentar hoy con novedosos mecanismos que nos permitan evitar
eventos y transiciones traumáticas, pero ahora en el ámbito de la inevitable evolución
de las formas de las comunidades políticas. Unos mecanismos formales que
permitan efectivamente servir mejor a la defensa de los derechos de los
ciudadanos, evolucionar hacia el futuro y además hacerlo con el menor trauma
posible.
Pero, si se mantienen las rigidices y un marco
legislativo se percibe como intolerablemente desalineado con los derechos
fundamentales, es legítimo y muy probable que los ciudadanos actúen
desconociéndolo.
No me
malinterpreten, no soy un revolucionario. Hay
muchas razones para justificar acatar y hacer cumplir un marco legislativo incluso
cuando sea deficiente. Se me ocurren tres importantes: La primera de ellas
es la predictibilidad y la constancia, necesarias para que todos podamos seguir
con nuestras vidas al reducirse la incertidumbre por asumir que todos los demás
van a respetar las mismas normas que yo. La segunda es el mal ejemplo que podría
incitar a otros a desconocer otras partes del marco legislativo que sí
garantizan derechos fundamentales, de ahí por cierto que las malas
legislaciones suelan terminar consiguiendo la perversión total de la ley. Y la tercera,
es que dejar de reconocer unilateralmente el marco legal (justificadamente o
no) es muy costoso, tanto a nivel individual como a escala social.
Así, lo más
sanamente recomendable desde mi perspectiva sería siempre intentar corregir el
marco legislativo de forma progresiva y negociada, con el único objeto de
efectivamente alinear la legislación vigente con los derechos fundamentales de
los ciudadanos, no derivados de aquella sino inseparables de su condición
humana. Y sólo en última instancia, habiendo agotado lo anterior, hacer un
llamado a desconocer la legislación vigente por ilegítima. Esto último
parecería lo más sensato en los casos extremos de la Alemania nazi o la
Venezuela de hoy en día, pero no parece muy oportuno ni justificado en el caso
de la España de hoy.
¿Se agotaron exhaustivamente todas las negociaciones
para incluir en la Constitución española mecanismos formales para regular una
secesión de parte del territorio? No me atrevo a responder con seguridad, pero intuyo que no. ¿Sobre quién
recae principalmente la responsabilidad de no haber agotado esa vía? Tampoco
puedo responder con seguridad, pero me arriesgaría a decir que en este contexto
primero sobre los independentistas catalanes e inmediatamente después –y sin
justificar su aparente apatía en la también aparente unilateralidad y negativa
a negociar de los primeros- sobre el gobierno español ¿La unilateralidad del
independentismo catalán se entienden por una hipotética intransigencia
continuada del gobierno español? Honestamente no tengo idea, tampoco sé si los
casos de corrupción en Cataluña o más bien la nefasta influencia de la
izquierda antisistema catalana estén siendo los factores determinantes de esa
actitud.
Pero lo que sí
creo poder afirmar con un buen grado de seguridad es lo siguiente: Considero genuino el derecho a la autodeterminación
no sólo con un carácter nacional sino, en general, con un carácter puramente
individual y asociativo. Y, como derecho fundamental que es, debo considerarlo superior a cualquier marco legislativo
vigente que lo contraríe o no lo garantice efectivamente. Además considero
que el marco formal, tanto español como
europeo, fallan, bien sea por no reconocer este derecho fundamental, o por
no desarrollar los mecanismos para poder ejercerlo o, incluso, por presentar deliberadamente
barreras desproporcionadamente costosas para prevenir y desalentar cualquier
intento de ejercerlo.
Ya he sugerido
que ante esta situación particular, mi
preferencia sería la de optar por una actitud conservadora reformista antes
que por la alternativa revolucionaria. Pero solo soy yo, definiendo cuáles son MIS medios preferidos para intentar
alcanzar una situación en la que pudiera ejercer mejor un derecho que sé que
tengo aunque no se me garantice, pero que cuyo ejercicio valoro CONCRETAMENTE en comparación a otras
cosas que también valoro. Por contraste, mi preferencia en la crisis venezolana
sí sería una rebelión (de preferencia pacífica) contra el poder absoluto de un
estado totalitario socialista.
Un derecho es
absoluto y universal, pero cuánto valoro ese derecho, por qué lo hago, los
medios que se puedan escoger para intentar garantizar el poder ejercerlo y
aquello a lo que debería renunciar para llegar a esa situación ideal, no son ni
absolutos ni universales, son cambiantes, individuales y subjetivos. Es decir, no se discute si el derecho se
tiene o no, pero sí son perfectamente debatibles los medios para intentar
garantizar su ejercicio, así como también las razones por las que valoramos ese
derecho, cuánto lo valoramos, si es poco, mucho o suficiente como para asumir
ciertos riesgos y costos asociados a utilizar algún medio en particular,
también debatible, para alcanzar el objetivo de poder finalmente ejercer el
derecho. Lógicamente un medio, un riesgo o un costo que implique la
potencial violación de derechos fundamentales de terceros deberían ser
descartados a priori y este sería el mínimo exigible a todos. Pero aparte de
esa exigencia, cualquiera debería poder escoger cualquier medio que estime
conveniente, así como valorar en el grado que desee y por las razones que
estime conveniente, tanto el ejercicio del derecho como aquello a lo que tendría
que renunciar en su lucha para conseguir ejercerlo.
La pregunta
individual entonces es: ¿Qué tan intolerable
debe ser el hecho de no poder ejercer un derecho fundamental como para
justificar emprender qué tipos de acciones políticas? No existe una
respuesta válida a esta pregunta para toda persona y circunstancia. Nótese que
en general esta pregunta aplica para cualquier derecho fundamental y que podría
verse como una de las principales conexiones entre derechos y política.
Aquí es donde se hacen evidentes las dimensiones
individual y subjetiva en el problema de la autodeterminación política, o en
general de cualquier otro derecho de carácter absoluto y universal: Como ser humano tengo derecho a asociarme y
des-asociarme de cualquier especie de comunidad política que me imponga deberes
a cambio de garantizar mis derechos, implicando obviamente el derecho a no ser obligado a permanecer
asociado si no me da la gana. Pero en la práctica, la valoración tanto de
las circunstancias como del propio ejercicio del derecho no reconocido depende
de cada quien. En la inmensa mayoría de los casos el estado de cosas es tal que
poco le importa realmente a la mayoría
de las personas no poder ejercer este derecho, incluso si tuvieran
consciencia tanto de tenerlo como de que tienen prohibido ejercerlo.
Y, por otro lado,
las cuestiones prácticas de llevar a cabo una independencia exitosa y
sostenible, a la que tendría todo el mundo igual derecho, acarrean costos que,
además de la prohibición de hacerlo, también representan desincentivos para
intentarlo. De ahí que, si bien tendría todo el derecho de declarar la famosa “República Independiente de Mi Casa”,
poderosas razones prácticas me llevarían a no querer intentarlo nunca,
independientemente de las sanciones que tendría que enfrentar en caso de
intentarlo teniéndolo prohibido.
Sumando todas
estas cosas: que por lo general a nadie le importa mucho (especialmente en
países democráticos liberales occidentales) ejercer su derecho a la
autodeterminación; que las sanciones asociadas a la prohibición serían muy
altas; y que en caso de no estar prohibido los costos prácticos serían bastante
considerables; explican por qué el derecho a la autodeterminación política nos
parece un poco raro, prácticamente una excentricidad. Sobre todo en países
“normales” sin conflictos étnicos, nacionales o raciales y sin flagrantes
violaciones de derechos humanos. A esto habría que sumarle el hecho nada
despreciable de que todo gobernante quiere seguir gobernando sobre todo el
territorio y sobre todos los súbditos (perdón, ciudadanos) sobre los que
siempre ha gobernado. Pero nada de esto
desmerita la calificación de derecho, tan solo nos informa sobre qué tanto parece
importarle ejercerlo a los ciudadanos y qué tan difícil o útil les parece que
sería hacerlo.
Por eso es que,
obviando Cataluña, en prácticamente
todas las sociedades civilizadas sus ciudadanos no consideran tan intolerable el
verse obligados a permanecer dentro de un país como para motivarse a ejercer
acciones políticas radicales para una independencia. Unas pocas personas
llegarían tal vez hasta recoger firmas para avalar el reclamo independentista
de la unidad político administrativa en la que viven, pero seguramente a casi
todos les parecería absolutamente injustificado llegar a tomar las armas para
conseguirlo.
Sin embargo, en
otras circunstancias muy distintas a nuestras privilegiadas sociedades, la
percepción de la mayoría de los ciudadanos puede ser otra. Incluso hasta el
punto de que nosotros mismos empaticemos con el clamor independentista en otras
latitudes cuando acá le parecería a muchos que ni siquiera es un derecho. De
manera ilustrativa, siempre desde la perspectiva individual y subjetiva, un
kurdo en Turquía tal vez no pueda encontrar razones de peso para justificarse a
sí mismo luchar con las armas por un estado kurdo, pero a un kurdo en el Irak
de Hussein o en la Siria de hoy sí que podrían ocurrírsele muy fácilmente muchas
razones que sí le motivarían a hacerlo. A un judío en Brooklyn la idea del
sionismo puede parecerle indiferente o hasta exagerada, pero para un judío
emigrado de Europa central o de Egipto ya no tanto. Un escocés que haya votado
por permanecer en Reino Unido el año pasado, hoy podría decidirse a votar a
favor de la independencia, solo para intentar que Escocia eventualmente retorne
a la UE.
No hay una respuesta universal a la pregunta de cuán
intolerable debe ser para alguien un malestar como para justificar cada una de
las acciones políticas disponibles, desde el escocés que pueda cambiar su voto por la independencia de
Escocia, hasta el kurdo en Siria que pueda llegar a tomar las armas para
construir un Estado kurdo en el que se sienta más protegido. Esto dependerá solamente
de esa especie de cálculo subjetivo de carácter individual, en el que cada
quien comparará sus valoraciones, riesgos, costos y beneficios de mantener la
unión o actuar políticamente a favor de la independencia, ejerciendo un derecho
que siempre ha tenido, que siempre tendrá y que es idéntico al derecho de un
parisino a quien nunca le ha pasado por la mente la idea de la secesión.
Que un tercero pretenda poner la vara para medir si se
justifica o no querer independizarse para permitirlo o no, no es legítimo. Sería tan ilegítimo como sugerir que la única justificación
de un divorcio debiera ser el maltrato físico. Nadie tiene derecho a decir: “si
no te están tratando tan mal [según mi criterio], no tienes derecho a irte”. Pues
es una decisión de cada quien decidir en qué punto tomar alguna acción para
ejercer su derecho, en este caso a la autodeterminación, a pesar de que podamos
identificarnos mucho más con algunas razones que con otras. Eso sí, las
acciones que se tomen conllevan responsabilidades y estas responsabilidades,
como en cualquier otro ámbito, deben ser siempre asumidas por quienes actúan y
esto tampoco está sujeto a debate.
Por desgracia, en
la práctica esta vara sí que está puesta por terceros. Bien sea por quienes
solo alcanzan a defender la autodeterminación de los PUEBLOS, sugiriendo que la
identidad nacional sería la única razón válida, como también por quienes argumentan
que sólo se justificaría una secesión cuando se violan ciertos derechos
fundamentales [los que más valoran ellos] en cierto grado [el que ellos
considerarían intolerable]. Confunden todos ellos las que solo serían sus
propias razones de peso en caso de verse ellos mismos en los zapatos del
independentista, con lo que quieren ver como justificaciones generales para permitir
o no el ejercicio del derecho a la autodeterminación o, más grave aún, confunden
sus hipotéticas razones particulares con la mismísima definición de cuál sería
exactamente el derecho de todos los demás.
Por supuesto son analizables y debatibles en muchas y
muy interesantes dimensiones muchos temas: si el nacionalismo catalán es mítico o si tiene algún asidero histórico;
si a estas alturas en el primer mundo el nacionalismo merezca o no ser una
razón de peso para cualquier cosa; si se ha impuesto el nacionalismo catalán
con un adoctrinamiento al mejor estilo chavista; o si el nacionalismo ha lavado
el cerebro de los catalanes como para hacerles ahora valorar desproporcionadamente
más el ejercicio del derecho a la autodeterminación y desproporcionadamente menos
los costos de una separación e incluso de una rebelión contra el Estado
español. De igual manera son debatibles los medios por los que ha optado el
independentismo catalán, especialmente oportuno es este debate si se sospecha
que tienen el potencial de violar derechos fundamentales de terceros. Y también
merecería la pena debatir sobre los medios por los que ha optado el gobierno
central para enfrentar esta crisis, desde no promover una negociación para
atajarla y reformando antes el marco legislativo, hasta si debe hacer cumplir
la legislación aunque sea deficiente y además con esa potencia (para no
comenzar a decir desproporcionalidad) que se ve desde ayer en las calles
catalanas. Si bien todos estos debates
son interesantes y hasta necesarios, nada tienen que ver con que efectivamente
un catalán, como cualquier otro ser humano, tiene el derecho a la
autodeterminación política y debería poder aspirar a ejercerlo (por supuesto de
la mejor forma) en caso de que así lo decidiese.
Llevándolo al
absurdo, en el caso de un fanático que hiciera explotar una bomba en un centro
comercial en nombre de la independencia (algo que todavía está fresco en la
memoria de los españoles), su crimen no sería ser independentista, esto fue tan
solo su motivación inmediata para tan evidentemente desproporcionada, vil y
criminal acción. Su crimen fue asesinar personas, punto. Ayer el crimen en
Cataluña no fue votar, ni ser independentista, sino haber desconocido
unilateral y activamente (en la forma de un referendo ilegal) el marco
legislativo español, que no prevé mecanismos para el ejercicio de un derecho
fundamental. Pero debe quedar muy claro que: (1) Las motivaciones de cada quien
para ser independentista hoy en Cataluña son un tema muy distinto a (2) las
acciones políticas elegidas para ejercer su derecho y ambas son además distintas
al (3) derecho a la autodeterminación política y al hecho de que (4) el
reconocimiento de este derecho en los marcos legislativos pertinentes es
deficiente, cuando no inexistente o claramente violatorio.
Por desgracia (1)
y (2) (por qué querrían independizarse los catalanes y por qué han optado por esa
estrategia ilegal unilateral) han definido el debate político y han puesto
sobre la mesa temas ciertamente importantes, como los nacionalismos, el
adoctrinamiento y hostigamiento en Cataluña, la importancia de la obligación de
hacer cumplir el marco legislativo vigente o si ha habido o no la suficiente
negociación política. Pero estos temas han producido el suficiente ruido como
para hacernos olvidar que (3) no puede estar sujeto a debate por ser la
autodeterminación política un derecho fundamental y que el problema de fondo es
en realidad (4): ¿Cómo hacemos para
mejorar el marco legislativo español y europeo para que se reconozca
efectivamente un derecho fundamental sin tener que caer en una espiral
traumática innecesaria para quienes quieran ejercerlo?
Con todo lo
anterior podrían replantearse muchas de las consignas superficiales que hoy se
manosean en torno a esta crisis. Como por ejemplo aquella que creo que viene desde
un discretísimo nacionalismo español: “No
pueden los catalanes decidir solos cómo sería España”. Esta idea es
engañosa y en vista de lo planteado en estas líneas creo que podría
replantearse más correctamente como: “Todos
los ciudadanos españoles deben poder decidir cómo reformar el marco legislativo
para incorporar las garantías y los mecanismos para el ejercicio del derecho a
la autodeterminación política, PERO,
en ese marco debe preverse que cada región vote de manera autónoma para decidir si continúa o no perteneciendo al reino
español”. Así, un andaluz debe poder pronunciarse en cuanto al marco que, de
ahí en adelante, regule el derecho de todos
a la autodeterminación política. Pero, ya con ese marco, debería corresponder sólo a los catalanes (en su definición
amplia según establezca el marco regulador) decidir si desean o no seguir
formando parte de España o iniciar los mecanismos ahora previstos para la
secesión, con las condiciones y la transición que se prevean en esa norma.
De manera
equivalente, se tendría que replantear también la consigna principal del otro
bando “El derecho a decidir de los
catalanes”, que podría quedar como: “Los catalanes (en el sentido amplio
establecido en la norma) y solo ellos tienen el derecho a decidir si desean
quedarse o no en España, PERO, no
pueden hacerlo unilateralmente ante la ausencia de un marco regulatorio común
para todos, pues todos los españoles deben poder participar en el diseño del
marco que regule, de ahora en adelante y para todos, cualquier iniciativa de
secesión de una región española, incluyendo las condiciones, la transición y la
garantía de los derechos de todos los ciudadanos que puedan verse afectados con
este hecho”.
De igual forma,
la consigna con la que se critica la actitud asumida por el gobierno español: “Dar una respuesta judicial en vez de
política”, aunque sea la más acertada de todas, debería desarrollarse con
mayor detalle: “El gobierno central, como segundo responsable político en este
tema después de los independentistas catalanes, debió haber previsto la
inevitabilidad de verse judicialmente obligado a hacer cumplir el marco
legislativo vigente (con potenciales resultados indeseables) y debió haber
tomado la iniciativa de ofrecer una negociación política que llegara incluso
hasta modificar la legislación para prever el ejercicio ordenado del derecho a
la autodeterminación”.
Casi tan claro
como que yo nunca debería aspirar a diseñar consignas y eslóganes breves y
pegajosos, es que de haberse resuelto antes
todas estas cosas, hoy no estaríamos en esta situación tan crítica, peligrosa y
triste en Cataluña y además se tendría un marco legislativo más compatible con
los derechos fundamentales de los ciudadanos. Qué lástima haber perdido esa
oportunidad y en cambio estar ahora todos enredados en una complicadísima y
delicada tesitura. La coyuntura se pudo haber parecido más a la de la Escocia más
civilizada, en donde sin mucho trauma, de tanto en tanto, se evalúa la
posibilidad de su independencia del Reino Unido. Eso sin necesidad de desplegar
tropas del Estado central en las calles o de convocar a niños como escudos
humanos en los colegios para evitar que se confisque el material electoral. Mientras,
en el medio de todo eso, los policías locales se encuentran al borde de la
desobediencia institucional, frente al conflicto de tener que golpear a sus
vecinos hiperestimulados para hacer respetar una legislación deficiente que no
les proporciona mecanismos para ejercer un derecho, simplemente porque quienes
pudieron haberla reformado optaron mejor por un choque de trenes.
La referencia a
Escocia nos lleva a pensar ahora en el marco europeo, que por ser sus instituciones
un club de gobiernos, no debe extrañar que oponga como barrera de salida a los
posibles proyectos secesionistas, la automática expulsión de la Unión Europea
de cualquier territorio que se independice de un Estado miembro. Incluso en el
caso de Escocia, cuyo derecho a la autodeterminación sí está previsto así como
los mecanismos regulares para ejercerlo. Los políticos británicos han utilizado
hasta hace poco esta carta de alto costo para desincentivar al independentismo
escocés. Pero ahora el resto de los líderes europeos tienen a un Reino Unido
fuera de la UE y a una Escocia que, de ser independiente, pudo haber
permanecido en la Unión. Estas y otras paradojas suelen ser frecuentes cuando
los marcos legislativos no se alinean con los derechos de las personas. Las
contradicciones no suelen tardar en emerger y terminar por abofetear a las
propias élites políticas responsables directas de esta desalineación.
En vez de esta crisis, todos los españoles podrían
estar discutiendo hoy cómo reformar su marco legal para mejor, incluyendo las
garantías y los mecanismos para el derecho a la secesión de todos los españoles. Temas como: los mínimos para iniciar una propuesta
de independencia; los mínimos en cuanto a participación y votos favorables para
ser aprobada; cuáles serían los electores llamados a participar en el referendo
de independencia (residentes, nacidos en el territorio, no residentes con
arraigo o propiedades, etc.); los procedimientos preferenciales para obtener la
ciudadanía en el nuevo Estado para los ciudadanos que fueron habilitados para
votar en el referendo y sus núcleos familiares; los mecanismos para la renuncia
a la ciudadanía del Estado del que se separa el Estado independiente para aquellos
ciudadanos que deseen renunciar a ella; previsiones importantes como un tratado
automático de libre circulación de bienes, capitales y personas entre los dos
Estados con cierta duración y que pudiera ser renovado indefinidamente si así
convienen ambos gobiernos; cómo sería el reparto de los activos y de las deudas
para cada uno de los Estados; los mecanismos de conformación del gobierno
provisional del nuevo Estado y los tiempos para las primeras elecciones
generales; los tiempos y mecanismos para redactar y aprobar la Constitución del
nuevo Estado; y un largo etcétera.
Temas muy
relevantes para tener reglas claras y previsibles previas a cualquier proyecto
secesionista y para las cuales, como ya se ha dicho, todo ciudadano español debe
poder tener algo que decir. Independientemente de que una vez aprobado el marco,
solamente un subconjunto de los españoles (e.g. los residentes del territorio
en cuestión, los nacidos en él, algunos antiguos residentes, los no residentes
pero con propiedades o algún tipo demostrable de arraigo, etc.) sean los únicos
convocados a decidir su separación.
Y en el ámbito europeo, con la participación del resto
de los Estados miembros, se podría estar discutiendo también la incorporación
de previsiones para definir la relación futura con los nuevos Estados que se
pudieran independizar de aquellos, como por ejemplo: la definición de un status de asociado temporal para
dicho nuevo Estado; la garantía del mantenimiento de la ciudadanía europea de
los ciudadanos que no renuncien a la ciudadanía del Estado miembro del que se
separan; una vía preferente para la adhesión del nuevo Estado a la Unión
mientras mantenga su status de asociado temporal; la definición clara de
aquellas partes de los convenios y acuerdos que se mantendrían vigentes o
suspendidos para los Estados asociados temporales durante el tiempo previsto;
la previsión de un tratado automático de libre circulación de bienes, capitales
y personas entre el nuevo Estado y la Unión una vez que se venza su condición
de Estado asociado temporal, con cierta duración y posibilidad de renovación; y
también un muy largo etcétera.
En definitiva: el
haber observado el lamentable espectáculo del día de ayer en Cataluña; el poder
anticipar el de los próximos por venir; el temer además que estos
acontecimientos puedan resultar en costos humanos irreversibles y alimentar
posiciones todavía más radicales y con ramificaciones todavía más indeseables e
impredecibles; todo esto contrastado con lo que no pudo ser, con haber podido
asistir a un proceso de reforma consensuada, civilizado y de altura, tanto a
nivel español como europeo, que contribuyera a alinear mejor sus legislaciones con
la garantía más efectiva de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y de ofrecer
mecanismos ordenados para su ejercicio, es la razón principal de mi frustración
y tristeza. Y todos los demás temas colaterales y tangenciales alrededor de
esta crisis, pero especialmente la poca atención sobre sus causas fundamentales
de parte de la opinión pública y la clase política, no hacen sino alimentar
todavía más dichos sentimientos.
Epílogo:
Acá intenté
centrarme en el problema que considero la raíz de todos los demás problemas
alrededor del asunto catalán: el déficit
en la legislación al no reconocer un derecho fundamental como la
autodeterminación política ni de prever mecanismos para su ejercicio que
minimicen el trauma social al ejercerlo. Las ramificaciones de este
problema principal intenté no abordarlas directamente para no hacer de estas
líneas un libro. Pero sí estoy consciente de muchas de ellas, algunas muy
importantes, y al respecto tendría también mucho que decir, pero simplemente preferí
no hacerlo.
Como estoy
consciente de que este tema hiere sensibilidades y mueve muchas pasiones, a
continuación me limitaré tan solo a sintetizar mi posición en algunos de estos
otros temas:
·
No estoy a favor
de la independencia de Cataluña hoy con esos locos, ni mucho menos con los
radicales de la izquierda anti-sistema entre su dirigencia, ni mucho menos de
esa manera improvisada y unilateral.
·
No me parece
prudente ni justificable haber optado por la unilateralidad, esto además de
ilegal (por contrariar el deficiente marco legislativo hoy vigente) es
potencialmente ilegítimo porque no se sabe cómo se afectarán los derechos de
terceros y porque los potencialmente afectados no han tenido la oportunidad de
deliberar.
·
Me parece una
verdadera desgracia que el gobierno español se haya tenido que ver obligado (o
peor aún que haya preferido verse obligado) a tener que ir a Cataluña a
reprimir por la fuerza lo que tan solo es un mediocre ejercicio pacífico pero
ilegal (una elección), de un derecho no previsto en una deficiente legislación.
Y originado todo tanto por la intransigencia de los independentistas a insistir
en el unilateralismo como por la no suficiente insistencia del gobierno central
de negociar otra alternativa antes de este desastr.
·
Dentro de la
unilateralidad que condeno del independentismo catalán, celebro que al menos el
mecanismo elegido haya sido el voto y no las bombas.
·
El referendo como
fue realizado e incluso como pudo haber sido realizado de no haber intervenido el
Estado central, creo que fue una chapuza y que no ofrecía las mínimas garantías
que se esperaría de un referendo regular medianamente serio.
·
El nacionalismo
me parece que es la más primitiva y retrógrada motivación política para
cualquier cosa, entre ellas el independentismo y la reacción frente a este. Por
esto rechazo la distorsión colectivista de reconocer tan solo el “derecho a la
autodeterminación de los pueblos”. Primero porque los derechos no los tienen los
colectivos sino los individuos; y segundo porque la identidad común de varios
individuos como miembros de algún pueblo o nación es tan solo una de muchas
motivaciones (que puedo juzgar, y lo hago como estúpida, mas no prohibir) para
ejercer algún derecho. Dicho esto podría relativizarlo para circunstancias
diferentes a la catalana. Entendiendo, por ejemplo, que un nacionalismo como el
kurdo puede justificarse como respuesta natural e incluso hasta deseable frente
a otros nacionalismos en la región que puedan pretender oprimir o exterminar a
la minoría kurda.
·
Razones para
justificar hoy proyectos separatistas, incluso en la sociedad más perfecta y
liberal de occidente, se me pueden ocurrir por decenas. En general todas las
que tengan que ver con conflictos de autonomía de las regiones frente al poder
central, es decir, temas que sean de ámbito nacional y para los cuales no
tengan autonomía las regiones y deban resignarse a acatar los mandatos
centrales. Y por otro lado conflictos por el tratamiento diferenciado desde el
poder central a distintas regiones de un mismo nivel. Que tendría que ver con (sin
querer pronunciarme sobre la certeza o falsedad de ninguna) lo que los
españoles llaman “solidaridad” y los catalanes “España nos roba”). Que si en
este caso no puedo posicionarme, sí que debo reconocer que podría llegar a
situaciones extremas e injustas. Los ciudadanos de una región podrían querer
independizarse por estar en desacuerdo y no ser complacidos con la modificación
de políticas centrales que los afecten como: verse comprometidos en una guerra
que no desean; rehusarse a cumplir con la conscripción militar o civil obligatoria; verse comprometidos con unas políticas de
gasto público, tributarias o monetarias que no deseen; no estar de acuerdo con
las políticas migratorias. Podrían por ejemplo querer eliminar algún impuesto;
o adherirse a la Unión Europea; o salirse de ella; o adoptar una moneda propia
más estable sujeta al patrón oro, o introducir la libertad monetaria; o
eliminar los aranceles en el comercio internacional; o no estar de acuerdo con
la proporción del gasto de defensa; o con el sistema de pensiones; o con el
estado de “bienestar”; o reformar el sistema bancario y financiero eliminando
la reserva fraccionaria o permitiendo la libertad bancaria; y un larguísimo
etcétera.
·
El dilema de si
aplicar o no ahora el artículo 155 es parecido al de haber tenido ayer que
ordenar las cargas policiales. Una vez enredado el gobierno central, por no
haberse logrado antes una solución política, es casi inevitable que tenga que
seguir comprometido a hacer cumplir el marco legislativo vigente por la fuerza,
especialmente si así lo ordena un tribunal. Esto creo que será el camino más
probable y creo también que profundizará aún más la crisis en el mediano plazo.
Una alternativa que siempre queda, aunque bastante improbable, es que el
gobierno promueva un diálogo para la reforma de la legislación y así negociar
una pausa del proyecto independentista catalán y obligar a sus promotores a
negociar, con toda España, el nuevo marco en el que sí sea legal iniciar un
proceso separatista. Quién sabe si algo así haya sido siempre el objetivo real
de la estrategia del separatismo catalán: provocar y usar el escándalo de estos
días para sensibilizar a la opinión pública y llegar en mejores condiciones a
una negociación en el futuro.
·
Sí, el mundo
sería un lugar mejor si se garantizara en todas partes el derecho a la
autodeterminación política.
·
No, no todas las
casas, los edificios, los barrios, los ayuntamientos, las provincias y las comunidades
autónomas y sus equivalentes de cualquier país del planeta se atomizarían consecutivamente
en países independientes cada vez más minúsculos convirtiendo a la humanidad en
un caos. Hay importantes incentivos para evitar, por ser poco práctico,
comunidades políticas independientes extremadamente pequeñas. Es decir, existen
razones de peso por las que a nadie en su sano juicio se le ocurriría meterse
en el problema de independizar una región demasiado pequeña y con muy pocos
habitantes, por lo que eventualmente se alcanzaría un equilibrio. Y, por otro
lado, mientras más pequeñas sean las comunidades políticas más tenderán a
abrirse al mundo, a cooperar pacíficamente con sus vecinos para poder hacer
viable su existencia y a asociarse en federaciones u organismos multilaterales
para lidiar mejor con retos comunes. Ya que solas, siendo muy pequeñas, no
podrían afrontar muchas cosas.
·
La amenaza constante
de posibles independencias, estimularía a los políticos de los gobiernos
centrales a potenciar la descentralización y a brindar cada vez mayor autonomía
a sus regiones, a tratarlas más equitativamente y a tomar decisiones con
mayores consensos.
·
Sí, en un mundo
con derecho a la autodeterminación reconocido, muchas nuevas comunidades
políticas nuevas surgirían y no todas serían de nuestro agrado. Pero habrá más alternativas
y competencia entre modelos políticos, de las cuales podríamos aprender mucho e
ir compensando lo malo. En general, cuando un ámbito está prohibido se aniquila
toda innovación en él. El ensayo y error es inseparable del hecho de que el ser
humano no es omnisciente y mucho menos en cuanto a fenómenos sociales
complejos. A la larga, como en todo ámbito, mayor experimentación y diversidad
compensan con creces los riesgos de asumir mayores libertades y los costos de
los errores cometidos.
·
No, que una
sociedad sea democrática y bastante decente no justifica no garantizar derechos
que tal vez en un momento dado no sean muy valorados por los ciudadanos.
Tampoco la democracia, la separación e independencia de poderes y demás
contrapesos de los Estados modernos más decentes son garantías definitivas y
permanentes de que el marco legislativo será siempre o cada vez más compatible
con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incluso con todas las
garantías, si una mayoría puede tener la intención de beneficiarse con la
violación sistemática de los derechos fundamentales de una minoría, a la larga
y a pesar de los procedimientos democráticos, puede esta intención llegar a convertirse
en legislación que deba ser acatada por todos bajo la amenaza de la fuerza.
·
No, no sé cuál es la solución a lo anterior.
Me inclino por reducir cada vez más el poder y el ámbito de las atribuciones de
los Estados lo más que sea posible en cada circunstancia y aumentar la
descentralización y la autonomía de las unidades político administrativas inferiores
para aumentar así la diversidad y la competencia y diluir el poder. De hecho,
tener como consecuencia del ejercicio del derecho a la autodeterminación más
Estados más pequeños, más descentralizados, más cercanos a sus ciudadanos y
menos belicosos por tener poco poder y por necesitar mucho más de otros, contribuiría
a la larga y en promedio a minimizar la amenaza del poder de los Estados frente
a la minoría más importante: el individuo.
·
No, un derecho no
puede ser desconocido o reconocido en función de aquello que creamos poder
prever como resultado de su ejercicio. Es decir, ni mi derecho a la vida, ni la
garantía que debería existir en la legislación para que yo lo ejerciera en la
medida de mis posibilidades, tienen absolutamente nada que ver con lo que un
tercero crea poder prever que serán los resultados sociales (buenos o malos,
según él) y en función de eso permitirme vivir o no. No existe tal cosa como el
pre-crimen, solo existe el crimen. El punto anterior a este no es la
justificación utilitarista del derecho a la autodeterminación, es tan solo una
feliz casi-coincidencia. Sin entrar en detalles, no es casual que lo que sea “bueno”
ofrezca (a la larga) buenos resultados, pero esto no implica que si no podemos
ser capaces de anticipar buenos resultados de algo, ese algo necesariamente no
sea “bueno”. Es bueno por otras razones no estrictamente utilitaristas.
·
Sí, en algunas
circunstancias justifico personalmente la rebelión incluso violenta contra un
Estado que haga cumplir un marco legislativo deficiente (por ejemplo en
Venezuela, en la que “deficiente” es quedarse astronómicamente corto). No,
Cataluña no creo que sea un caso así ni de lejos.
·
Sí, el
nacionalismo catalán ha logrado elevar en las mentes de muchos catalanes el
valor del ejercicio de su derecho a la autodeterminación y reducir la
percepción de los costos tanto de la independencia como de una posible rebelión
unilateral. Me parece personalmente terrible y potencialmente peligroso. Pero
eso en ninguna medida influye en que entienda que la autodeterminación sea un
derecho de los catalanes y de todos los demás.
·
Sí, el derecho a
la autodeterminación es, como todo derecho, un derecho individual, aunque en la
práctica se desarrolle de forma asociativa. Esto no es exclusivo de este
derecho, aunque sin duda es más obvio. Querer llevar a cabo la idea de la
"República Soberana de Mi Casa", sería muy costoso y seguramente
impracticable. Un poco menos la “República Soberana de Nuestro Barrio” y así
sucesivamente, ampliando el número de individuos que se asocien voluntariamente
al proyecto de ejercer colectivamente sus derechos individuales. No es esto muy
distinto a que para garantizar el derecho a mi vida decida asociarme con otros
para constituir una agencia de seguridad o una policía que nos ayuda a
garantizarlo efectivamente.
·
No, no puede
exigirse unanimidad en un referendo de independencia, como no puede hacerse en
ninguna otra decisión práctica que se refiera a la esfera pública. De hecho, si
se acepta que en ciertos ámbitos estrictamente públicos la decisión mayoritaria
debe ser acatada por la minoría derrotada, debe poder aceptarse automáticamente
la misma situación pero ahora en un escenario en el que aquella minoría puede
llegar a separarse del nuevo Estado en caso de considerar intolerablemente
perjudicial el resultado e, incluso, volver a adherirse al Estado previamente
abandonado. Y si esto se acompaña además con no perder la ciudadanía del Estado
que se abandona (a menos que se solicitase) y con libre circulación de bienes,
personas y capitales entre el nuevo Estado y aquél, incluso para el disconforme
mudarse, como una última opción, tendría un bajo costo, que cada quien tendría
que sopesar con el costo de quedarse en el nuevo Estado. El hecho de decidir
entre todos el marco que regule las secesiones, debe tomar en cuenta todos
estos elementos justamente para minimizar el trauma social.
·
No, no puede
exigirse que un extremeño (sin lazos con Cantabria) vote en un referendo
secesionista en Cantabria. De la misma forma que un gallego no tiene que tener
poder de decisión alguna sobre una legislación municipal en un pueblo navarro,
al que podría ir alguna vez y entonces tendría que acatar. Sí pueden en cambio
participar todos en el diseño del marco que regule los niveles y ámbitos de las
autonomías (y la posible independencia) de todas las regiones de España. Sólo
así el gallego tiene algún poder de decisión sobre lo que pueden o no hacer los
navarros y viceversa, al poder participar en cómo es el reparto de competencias
y los grados de autonomía de todas las regiones en general.
·
Sí, en casi
ninguna parte se reconoce el derecho a la autodeterminación política, pero eso
no implica que no sea un derecho. Unos años atrás el voto de las mujeres
tampoco se reconocía. Un poco más atrás el apartheid era legal en Suráfrica y
el segregacionismo en el sur de Estados Unidos. Un poco más atrás lo era la
esclavitud. Un poco más atrás eran perfectamente legales los sacrificios
humanos. Las cosas cambian y a veces incluso para mejor y siempre es para mejor
que se reconozcan los derechos que antes no se reconocían.
·
Sí, sería raro
que un político con posibilidad de gobernar un territorio sea partidario a que
parte de ese territorio pueda escapársele de las manos. También sería raro que
una institución supranacional (como la UE), conformada por políticos de otros
gobiernos contribuyan a esta posibilidad. Por otra parte, no es nada raro que
un ambicioso político regional desee una mayor autonomía para el gobierno que él
dirige y que el gobierno central no esté dispuesto a cedérsela. Todo esto solo
hace más difícil o más fácil conseguir la garantía efectiva del derecho a la
autodeterminación política, pero en ningún caso influyen en cuanto a determinar
su estatus como un derecho genuino. Lo importante debería ser ocuparnos de no tener
que ganarse el reconocimiento de los derechos por parte de los poderes
constituidos a sangre y fuego, como tantas veces en la historia humana. Ya
deberíamos estar grandecitos para esta gracia, especialmente cuando, como en el
caso de la autodeterminación, los primeros afectados (unos para bien y otros
para mal) son los políticos que gobiernan y solo muy por detrás los ciudadanos,
que en la mayoría de los casos se podría prever que, en comparación con
aquellos, poco verían afectado su día a día luego de una independencia y de
afectarles, si el marco está bien diseñado, lo haría progresivamente en un
periodo razonable de tiempo.
Luis Luque
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