Partamos del
principio que sostendría la legitimidad de un gobierno.
El gobierno es
una organización armada que se reserva para sí lo que ha venido a llamarse el
“monopolio de la violencia legítima”. Es decir, es la única organización de la
sociedad que se reserva para sí y de forma exclusiva el ejercicio de la
violencia con carácter legítimo, esto es, aquella violencia cuyo ejercicio se
justifica. La base de esta justificación es evitar que los ciudadanos privados
tengan que ejercer por sí mismos algún grado de violencia en su vida cotidiana.
El medio para asegurar este “monopolio de la violencia legítima” es de hecho la
violencia misma: el Estado utiliza la violencia para asegurarse y mantener su
monopolio. No prohíbe por ejemplo la tenencia de extintores de fuego, aun
habiendo bomberos, pero sí en muchos casos hace ilegal la posesión de armas de
fuego que permitirían a los ciudadanos protegerse por sí mismos oportunamente, si
así lo consideraran, ante potenciales agresiones armadas. La procura de los
medios necesarios para toda actuación del gobierno también tiene su origen en
la violencia, al imponer a los ciudadanos por medio de la amenaza o el uso de
la fuerza el pago de impuestos para financiar su actuación, o al reservarse
para sí lucrativas industrias y prácticas que por otra parte prohíbe a la
sociedad.
Este “monopolio de
la violencia legítima” no es completo, pues es la norma que se reconozca a los
ciudadanos su derecho individual a la defensa. Por tanto el gobierno reconoce a
sus ciudadanos la legitimidad del uso de la violencia privada en casos
extremos, de manera oportuna y proporcional, para la defensa propia de sus
derechos. Esto es así porque el derecho individual
a la legítima defensa es superior y anterior al monopolio estatal de la
violencia. De hecho, la existencia del gobierno se justifica en la asociación
de los ciudadanos para la defensa colectiva de sus derechos individuales a la
legítima defensa. Esto es, la legitimidad del gobierno reposa única y exclusivamente
en el ejercicio de la violencia sólo para la legítima defensa de los derechos
individuales de sus ciudadanos. Los ciudadanos han delegado la defensa de sus
derechos individuales a una organización que colectivamente los defienda por
ellos. Por esto al gobierno no le es legítimo usar la violencia para otra cosa
que no sea defender estos derechos. Pues
el gobierno no tiene derecho alguno, ni mucho menos superior al de sus
ciudadanos, sino que ejerce la delegación de la defensa colectiva de los derechos
individuales cedida o consentida por los ciudadanos. Si un ciudadano no
tiene derecho de iniciar una agresión a otro sin existir una situación en la
que se vean amenazados sus derechos individuales y de hacerlo además de una
forma proporcional y oportuna, el gobierno tampoco puede hacerlo en su nombre.
Si un ciudadano no tiene derecho a violar los derechos individuales de otro
ciudadano, el gobierno tampoco puede hacerlo en su nombre.
Cuando el
gobierno ejerce la violencia monopólica para algo más que la defensa de los
derechos individuales de sus ciudadanos, o de otra forma, cuando usa la
violencia para violar los derechos individuales de algunos ciudadanos, su
acción no es legítima, es una agresión. Si un ciudadano inicia una agresión
contra otro, este tiene pleno derecho de usar la violencia en grado necesario para
defenderse. Si el Estado o cualquier
otra organización inicia una agresión contra un ciudadano, este conserva
plenamente el derecho de usar la violencia proporcional y oportuna para
defenderse.
Cuando un
ciudadano es miembro del gobierno e inicia una agresión valiéndose de los
medios y autoridad que le confiere este hecho, no sólo es responsable este individualmente,
sino también lo es el gobierno de forma institucional. No sólo el ciudadano
agredido tiene derecho a responder con violencia proporcional y oportuna a la
agresión o demandar que lo hagan por él, sino que todos los ciudadanos tienen
derecho a exigir una respuesta institucional por la co-responsabilidad que
recae sobre el gobierno como organización. No sólo para exigir el ejercicio de
la defensa de los derechos individuales cedido al gobierno contra el funcionario
agresor, sino en especial para reclamar que la autoridad conferida por los
ciudadanos a la organización para la defensa colectiva de sus derechos individuales
fuera utilizada en cambio para iniciar una agresión. En este sentido la
respuesta del gobierno frente a un agresor miembro del mismo, debe ser aún más
severa de si se tratara de la respuesta ante una agresión de un ciudadano
privado a otro.
Si la respuesta
institucional del gobierno contra un agresor que provenga de sus propias filas
no es acorde a la gravedad de este hecho, la legitimidad de su ejercicio se
erosiona. Si esta situación es frecuente y extendida, la legitimidad del
gobierno se erosiona gravemente. Si el gobierno como institución, se
extralimita en el ejercicio de sus funciones, esto es, si utiliza la violencia
para algo más que la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos,
pierden toda legitimidad esas acciones fuera de sus naturales y legítimas
competencias.
Si en el caso más grave, por omisión deliberada, por
política explícita o implícita de la organización estatal, la misión del
gobierno no sólo se excede de su legítima función de servir de instrumento para
la defensa colectiva de los derechos de los ciudadanos, sino que tiene como
objetivo de hecho la agresión a los derechos individuales en cuya defensa se fundamentaba
su razón de ser, no sólo pierde por completo y de forma automática toda
legitimidad, sino que se convierte en una poderosa organización criminal.
En este caso no
sería una organización criminal cualquiera. Se trataría de una organización criminal
con una estructura formal profunda y extensa, que se financia sistemáticamente
de los ciudadanos por medio de la violencia y que tiene amplia presencia en
todo el territorio de un país e instrumentos de opresión en todos los ámbitos.
Cuenta especialmente con cuerpos armados especializados, entrenados y bien
dotados. Es en la práctica y sin ninguna duda la organización criminal más
grande y peligrosa que puede residir en un territorio. Es en este punto y
entendido todo esto, que el derecho de los ciudadanos a la rebelión es
incontestable.
Frente a un
agresor individual, todo ciudadano tiene derecho a defenderse, oportuna y
proporcionalmente y además prepararse para cualquier potencial agresión. Y esto
lo puede hacer de forma individual o colectiva y en este último caso en la
forma de un gobierno o de una asociación privada entre ciudadanos. Frente a la
agresión de otro grupo de ciudadanos asociados en una organización criminal,
todo ciudadano tiene aún más razones para organizar la defensa de sus derechos
y debe hacerlo de una forma más sofisticada, poderosa y colectiva para sumar
fuerzas que puedan contrarrestarla más efectivamente.
Cuando la amenaza
en cambio proviene de un gobierno devenido en la mayor organización criminal de
un territorio, que se financia de todos los ciudadanos y que además los desarma
para debilitar cualquier intento legítimo de defenderse de él, la actuación de
los ciudadanos para organizar la defensa colectiva de sus derechos cobra otras
dimensiones cualitativas y cuantitativas. Se trata de un estado de guerra no
declarada, de una ocupación ilegítima de un territorio, de una tiranía en toda
regla.
En este caso todo miembro del gobierno es cómplice en
algún grado de la agresión y de la preparación de la agresión. Pues pertenece a una organización sin legitimidad
alguna, cuyo objetivo deliberado es la violación de los derechos de los
ciudadanos tal y como se plasma en las políticas explícitas o implícitas que orientan
y dirigen las actuaciones de todos los miembros de esta organización criminal.
Todo miembro del gobierno es entonces un potencial agresor y un activo
colaborador en la agresión de los derechos de los ciudadanos. En la medida en
que el miembro del gobierno sea útil a la actuación de esta organización, es
útil a la violación de los derechos de los ciudadanos, es útil a la agresión
directa sobre ciudadanos inocentes. Y en
la medida en que esta actuación criminal del gobierno se haga evidente, ningún
miembro del gobierno podrá argumentar desconocimiento o no participación
directa en las agresiones contra los derechos de los ciudadanos para sostener
su defensa. Todo miembro del aparato gubernamental, desde el recolector de
impuestos hasta el militar que dispara a un manifestante, pasando por una
secretaria o un burócrata cualquiera, mientras sea funcionario, permanecerá
colaborando activa y voluntariamente mente con la agresión por razones muy
diversas y en grados y formas muy diversos. Pero esto no les restará con el
tiempo, hecha evidente la naturaleza criminal de la actuación del gobierno,
responsabilidad y complicidad en la violación directa de los derechos de los
ciudadanos. Al continuar su participación activa en esta organización criminal,
lo hará por decidir que los beneficios propios de continuar haciéndolo,
compensan y superan su remordimiento por
dar un aporte cómplice a la acción criminal sistemática y de beneficiarse de ello con prebendas,
sueldos, seguridad o comodidad. No son estas últimas justificaciones de su
actuación, es simplemente lo que decidió no abandonar para evitar seguir
contribuyendo a la agresión de ciudadanos inocentes. Es decir, gradualmente su
actuación, sea cual fuere el grado de su aporte o la distancia burocrática de
la violación directa de los derechos de los ciudadanos, será una participación
consciente y voluntaria del acto criminal.
Cualquier vestigio
de las funciones legítimas de un gobierno -como organización que realiza la
defensa colectiva de los derechos individuales de los ciudadanos- que
mantuviera este gobierno criminal sería una ilusión. Si el gobierno criminal
siguiera en alguna medida realizando acciones para prevenir crímenes y defender
en algún grado la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, no serían
en ningún caso excepciones legítimas de la actuación ilegítima del gobierno
criminal. Será porque para asegurar su dominio consideró oportuno defender de agresiones
de terceros algunos de estos derechos de algunos de los ciudadanos. Será porque
en su ejercicio monopólico del crimen organizado en un territorio, no admite
competencia en algunos ámbitos porque hacerlo sirve a sus intereses. Si fueran
islas de legitimidad, estos funcionarios apuntarían sus armas al mayor criminal
del territorio: al propio gobierno. Si no lo hacen es porque no hay legitimidad
en sus actos, sino pura conveniencia institucional en un sofisticado ejercicio
monopolista del crimen organizado. El que un gobierno criminal sea negligente,
arbitrario o simplemente abandone del todo estas funciones, sólo agrava su
situación y confirma su legitimidad ya perdida. Cualquier espejismo de
libertades que los ciudadanos aún pudieran seguir gozando bajo el dominio de un
Estado criminal, sería también fruto de la conveniencia o de la imposibilidad
de control total del gobierno criminal, nunca acciones legítimas excepcionales dentro
de un contexto de crimen organizado. La legitimidad la pierde la organización
de origen, al igual que gana su título de criminal. Lo que parezca legítimo que
haga esta organización mientras ejerce sus acciones criminales, son sólo
instrumentos pragmáticos para sus intereses que en ningún momento justifican su
naturaleza o ilegitiman una apropiada respuesta por parte de la sociedad
agredida y desvalida. Sí, serán un alivio para los ciudadanos víctimas de la
opresión sistemática, pero no oasis de legitimidad en un desierto de
criminalidad.
En esta situación
los ciudadanos tienen pleno derecho a la rebelión. Es la guerra motivada en la legítima
defensa de sus derechos, contra quienes había sido confiada su defensa
colectiva, pero que traicionándolos, utilizan ahora el inmenso poder cedido y
tolerado contra aquello que se suponía debían proteger. La rebelión pues es para los ciudadanos retomar la iniciativa en la
legítima defensa de ellos mismos de forma colectiva. Es asociarse para
defenderse y comenzar por el principal agresor: el gobierno criminal. Es un
acto tan legítimo como lo que dio en algún momento legitimidad a la existencia
del Estado. Y en este acto de legítima defensa colectiva que es la
rebelión, los principios de oportunidad y proporcionalidad de la respuesta mantienen
su vigencia y se adaptan a la peculiar situación de enfrentar a una
organización de agresión sistemática en vez de a un agresor individual.
Como la
consciencia de la actuación criminal del gobierno no es automáticamente
reconocida por todos, ciudadanos y funcionarios, le legítima defensa colectiva en
forma de rebelión debe ser gradual y apropiada para seguir siendo legítima. La
selección de los medios para la rebelión, el grado de violencia que se utilice
y los objetivos de la misma, deben ser siempre acordes con el grado de
violencia directa y potencial del gobierno contra la sociedad y de la
consciencia de los ciudadanos y de los propios funcionarios acerca de la
complicidad de estos últimos con estos hechos. Por esta razón la resistencia
pasiva será siempre legítima, la inacción de los ciudadanos a la hora de
colaborar con el régimen criminal, por ejemplo negándose a pagar impuestos para
financiar la agresión sistemática. También lo será una respuesta violenta
proporcional en enfrentamientos directos con los cuerpos armados del gobierno,
por ejemplo golpes con golpes, piedras con piedras, disparos con disparos. Eventualmente
será también legítima toda acción para desestabilizar a los cuerpos armados que
participen directamente de la opresión, por ejemplo el sabotaje de los cuerpos
represivos. Más tarde será legítima su elección como objetivos militares de la
rebelión independientemente si la respuesta defensiva es o no resultado directo
de acciones represivas particulares, por ejemplo el ataque de instalaciones de
los cuerpos represores. Sólo posteriormente y ante la escalada de la represión
violenta y sistemática, se justificarán los ataques a todo el aparato armado
del gobierno, por ejemplo la ampliación de las hostilidades contra cualquier
cuerpo armado que sirva de sostén al gobierno criminal. Posteriormente a toda
su estructura logística y de financiación, por ejemplo sabotaje a gran escala. Y
de no conseguir la claudicación del gobierno criminal, sino la intensificación
de su agresión, la guerra total también tendrá completa legitimidad. En este
punto todo colaborador del gobierno criminal y en cualquier circunstancia,
excluyendo lo previsto en las normas para la guerra, será legítimamente
considerado como potencial objetivo militar rebelde. Así se podrá actuar con el máximo grado de legitimidad, de
proporcionalidad y de oportunidad, a la vez que se entiende correctamente la
naturaleza del agresor como la más poderosa organización para la agresión
sistemática de los derechos de los ciudadanos y a todos sus funcionarios como miembros
voluntarios y cada vez más conscientes de estar contribuyendo con una
organización criminal que llevó a los ciudadanos a valerse por sí mismos y
responder ante esta situación.
Como último
apunte de esta nota, quiero aclarar que la anterior teoría de la rebelión -que
pretende justificar moralmente el derecho de los ciudadanos de luchar contra
una tiranía por cualquier medio necesario- no es un llamado a la violencia. Es
una argumentación de que la violencia, venga de donde venga, sólo tiene
legitimidad si se usa en un sentido estricto muy limitado. Nadie quiere que la
violencia sea parte cotidiana de nuestras vidas, tal vez por esto se acepta su
tercerización, equivocada o no, a los gobiernos. Pero este hecho no impide el
que quepa la posibilidad de un ilegítimo uso de la violencia por su parte, ni
que la violencia no sea necesaria y justa como última opción para remediar esta
situación. Hay muchas razones para
rechazar la violencia, pero indicar que en ningún caso es legítima o afirmar
esto en una situación hipotética como la que se acaba de plantear, no lo es.
Tener que apelar en este escenario a la violencia para la defensa de nuestros
derechos no es un descenso al salvajismo, sino un verdadero compromiso con los
valores de la civilización en medio de la barbarie que deja tras de sí un
gobierno criminal. En una situación normal, por ejemplo, en la que un
gobierno se restrinja a sus mínimas y legítimas funciones, la sociedad produce
personas pacíficas, civilizadas y obedientes de la ley, que no tienen muchas
razones para conservar demasiado vivo un instinto violento para defender lo que
solo es suyo. Pero cuando este no es el caso y además se agrava con que la
actuación del gobierno impide además a la sociedad procurarse el mínimo nivel
de supervivencia y dignidad, no debemos olvidar que en toda circunstancia de
tiempo y lugar, las instituciones que permiten que tengamos una vida pacífica,
civilizada y tranquila, se han conseguido a cambio de inmensos sacrificios.
Nunca se han arrebatado de las tiranías sin luchar y sin dolor. La lucha y el
dolor de soportar día a día esta asfixiante situación de miseria, indefensión y
arbitrariedad, son los primeros incentivos para asumir, si fuera la última
alternativa, las penurias que se requieren para valientemente hacerle frente.
Por eso un sofisticado gobierno criminal, inteligente y competente, no
arrincona a sus ciudadanos hasta el punto que entiendan que no tienen nada más
que perder. Pero, en caso de hacerlo, no deberá esperar otra respuesta. Esto no
le suma legitimidad a su ejercicio, tan solo hace más costosa a la gente de
bien el decidirse por hacer lo correcto.
Luis Luque
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