martes, 25 de mayo de 2010

Algunas reflexiones en el contexto de la amenaza a la Polar

Imagina que fuese tan fácil sacarse una cédula o un pasaporte, conseguir a un policía, reportar un hueco en la calle o registrar una compañía como lo es comprar un kilo de harina PAN o una Solera Light. Ahora imagina que como Polar existiesen 10 empresas más en el rubro de alimentos (dando empleo e ingresos a un gentío a cambio de trabajo honrado y productivo) compitiendo entre sí mejorando la calidad de sus productos y bajando los precios, todo para tener más clientes y conseguir más dividendos. Ahora imagina que todas esas empresas cotizaran en la bolsa para compartir el riesgo y tener acceso a más capital y que sus empleados y tú y yo pudiésemos tener nuestros ahorros y fondos de pensiones para la vejez invertidos en esas y en otras muchas acciones. Imagina que todos nosotros fuésemos dueños de acciones de muchas empresas, obligando a su directiva a rendirnos cuentas a todos, a ser más eficientes y a desarrollar sus actividades de la forma más correcta posible para con sus trabajadores, accionistas, el medioambiente y las comunidades (no sé tú pero yo no invertiría mi dinero en una compañía cuya conducta no apruebo y si yo no lo hago y persuado a muchos a que tampoco lo hagan, la compañía o cambia su conducta o pierde valor en la bolsa). Imagina que tengas la libertad de elegir entre muchas empresas para cada cosa que necesites y que nada ni nadie te obligue a conformarte con unas pocas alternativas. Imagina que entonces utilizas tu poder de decisión para incentivar a las empresas a ofrecer mejores y más baratos productos de la forma que consideres más correcta según tus propios valores y necesidades. Las empresas competirían a la vez en varios planos beneficiando a muchos: en el mercado laboral ofreciendo remuneraciones más atractivas para conseguir y mantener a los mejores empleados, en la bolsa para conseguir más inversionistas y aumentar el valor de la empresa, en la calle para conseguir más clientes, etc.

Ahora imagina que las atribuciones del Estado (el único que de forma legítima puede ejercer la coacción) se concentren casi exclusivamente en que el fuerte no ataque al débil, en que los contratos entre patronos-empleados, clientes-proveedores y en general entre cualesquiera dos personas se respetasen según lo acordado, en que no existan carteles, monopolios u oligopolios, en que la competencia sea leal; un Estado que se dedicase a preservar el derecho a la propiedad, a garantizar la seguridad física y jurídica de sus ciudadanos y a mantener un marco jurídico claro y transparente en el que las empresas de cualquier índole puedan competir para beneficiar a la vez a sus consumidores, trabajadores e inversionistas.

Imagina un Estado que reconozca los mismos derechos para todos sin discriminación alguna basado en la más perfecta democracia en donde el gobierno (pequeño pero fuerte y a la vez controlado y subordinado a sus ciudadanos) no dijese a sus ciudadanos qué hacer con su vida o con el dinero ganado con su esfuerzo propio, sino que velara porque nadie utilice la fuerza (propia o del mismo Estado) en contra de otro para obligarle a hacer algo contrario a su voluntad. Imagina que de forma voluntaria y sin obligar nada a nadie los altruistas y solidarios se dedicaran por sus propios medios y de la mejor forma que tengan a su alcance a ayudar a los pobres, que las iglesias se dedicaran a defender y transmitir sus sistemas de valores particulares sin pedirle al Estado que los haga ley imponiendo sus creencias particulares al resto, que infinitas asociaciones defendieran intereses de grupo u ofrecieran sus ideas al resto para ser voluntariamente adoptadas o rechazadas y que cada uno de nosotros tuviese la libertad plena de persuadir a otros y de decidir qué es lo que más me conviene a mí mismo, a mi entorno o al resto de la sociedad, por supuesto siendo yo y sólo yo responsable de las consecuencias de mis decisiones.

Si en vez de imaginar todo esto lo hiciésemos realidad, las fuentes de empleo serían cada vez más y mejores, habría cada vez menos pobreza, los abusos del gobierno y de los poderosos serían cada vez menos, no se utilizaría el poder del Estado para beneficiar a un grupito político o empresarial, o a una mayoría (sin importar qué tan grande pueda ser) mientras se violan o no se garantizan por igual los derechos de una minoría (sin importar que tan pequeña sea). Entonces tendríamos TODOS una Venezuela de progreso, con una sociedad verdaderamente LIBRE, repleta de OPORTUNIDADES y (lo mejor) todo esto sin haberle violado a NADIE su derecho. Este es el LIBERALISMO en el que creo.


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Pero en Venezuela siempre hemos ido en sentido contrario. Existe la creencia de que el Gobierno es la estrella del juego y que la sociedad es una herramienta o inclusive un mero espectador, algo así como que en un partido de fútbol uno vaya por el árbitro en vez de por cualquiera de los equipos. La misma sociedad con una pobrísima cultura política acepta esto como una verdad incuestionable porque al fin y al cabo nos acostumbramos a que dependiendo de lo que haga el gobierno de turno o morimos todos o vivimos todos (claro siempre unos mejor que otros). Por supuesto esto tiene sentido cuando el gobierno monopoliza la principal actividad económica del país, regula hasta el límite de la asfixia el resto y utiliza el dinero público para mantener las bases de su poder a través del clientelismo y populismo más institucionalizado. Y la propaganda colectivista que justifica esta situación “por el bien común” o “por solidaridad para acabar con la pobreza” ha calado tanto en la sociedad venezolana que la frase “libertades individuales” es prácticamente pornografía frente al aceptado dogma de que el interés colectivo siempre prevalece sobre el individual. De vez en vez el caudillo intérprete del pueblo o una mayoría circunstancial se pronuncia acerca de cuál es ese comodín denominado “interés colectivo”, es entonces cuando todo el poder del Estado se abalanza contra cualquier minoría o individuo sin plantearse jamás el dilema de donde queda el límite inviolable del derecho de tan sólo uno de los ciudadanos. Por supuesto para que el “interés colectivo” prevalezca el Gobierno (malinterpretado como la encarnación del pueblo) debe ser gigantesco y poderoso.

En Venezuela el fuerte siempre ha abusado del débil (desde el motorizado en la calle hasta el “empresario” mercantilista bien conecta’o) y cuando no puede abusar solo le pide al Estado que lo ayude. Por supuesto el político apoya al empresario que le financia la campaña y a cambio le protege su sector o le regala un subsidio para garantizar el “desarrollo endógeno nacional” o para “proteger el empleo nacional” y le jode a la competencia (si la tiene) con cualquier otra excusa, lo que no hace otra cosa que ocasionar que los poquísimos productos disponibles sean cada vez más caros y de menor calidad perjudicando especialmente a los pobres. Al pobre el Estado lo mantiene pobre y en el borde de la supervivencia con “programas sociales para acabar con la pobreza” no vaya a ser que se le olvide quien es el jefe y por quién tendrá que votar en las próximas elecciones.

El Estado venezolano nunca ha administrado eficientemente lo que primordialmente habría tenido que administrar, es decir garantizar la seguridad física y jurídica de sus ciudadanos (precisamente que el fuerte no abuse del débil), sino que más bien se preocupa por controlar cada vez más y más. Con cada control que se instituya habrá más cargos en la administración pública y más barreras para la gente y por ende más posibilidad de chanchullo y por lo tanto ingresos adicionales para mantener a la “industria de gobernarte” funcionando (mantener a mis financistas y a mis militantes contentos y antes de Chávez también a los militantes de los otros partidos del sistema, porque “todos somos caballeros”). En Venezuela el Estado siempre ha sido gigantesco para poder albergar a una gran cantidad de cargos de “funcionarios” públicos, claro está para poder pagar a los militantes del partido por los favores recibidos en tiempos de campaña electoral, jamás para servir a los ciudadanos. El único poder que el ciudadano cree tener para hacer frente a esta situación es votar en la próxima elección por un partido distinto, lo malo es que si gobernar es un negocio en casi cualquier parte, en Venezuela es además un cártel ya que todos los partidos siempre se han puesto de acuerdo (explícita o tácitamente, consciente o inconscientemente) para mantener este sistema funcionando a la perfección. Si hoy esta industria la monopolizan Chávez y sus secuaces otrora era un oligopolio de los partidos tradicionales y los no tanto. Espero ansioso por saber si en el futuro la oposición venezolana de hoy (la de adentro y fuera de la mesa) se conformará en partidos vigorosos, con ideas y programas consistentes para servir al país, o si más bien será otro cartel más con el discursito y las políticas más convenientes no para el progreso de Venezuela sino para mantener bien engrasada a esta “industria de gobernarte” y que la democracia que habrá entonces se juzgará más por qué tan amplio sea el cártel en vez de por las garantía de libertades que el Estado realmente otorgue a los ciudadanos.

Hoy a riesgo de verdaderamente morirnos todos de hambre esta “industria de gobernarte”, monopolizada radicalmente desde hace 10 años por Chávez quien ha llevado todo al extremo al ni siquiera preocuparle tan sólo un poco las formas, amenaza con apropiarse de la mayor productora y distribuidora de alimentos: Polar. Nuevamente la cultura colectivista insertada durante décadas para justificar la “industria” sirve para que en la conciencia colectiva se activen mecanismos inconscientes que justifiquen perversamente esta medida ya que “la comida no es una mercancía” y “qué importará el derecho de propiedad de los Mendoza frente al derecho de los venezolanos a comer arepa”. Tanto hay de verdad en lo que estoy diciendo que así como ocurrió con RCTV, las emisoras de radio, las productoras de café y un lamentablemente largo etcétera, el discurso “políticamente correcto” para la opinión pública no se centra en defender el derecho a la propiedad, las libertades individuales o la libertad de expresión, sino que se opta por una defensa más “social” de los derechos de los trabajadores de esas empresas o por argumentos en función del cálculo del beneficio que esas expropiaciones tendrían verdaderamente para los pobres. Y los políticos que argumentan que ese es el discurso que más cala y que sería difícil hablarles de temas abstractos a los pobres para conseguir su apoyo, peligrosamente pueden estar consintiendo esa cultura de inversión de valores que nos trajo a Chávez y que puede llevarnos incluso a situaciones peores.

Pero para aparentar que este escrito no rompe con esa estandarizada tradición de lo “políticamente correcto” no voy a terminar abstractamente diciendo que un sistema basado en libertades es el más válido desde una perspectiva ética, sino que me uno a la corriente y lo defiendo entonces también por eficiente y de esta forma termino tan “aterrizado” como comencé: No quiero imaginarme que el conseguir un paquete de harina PAN o una Solera Light vaya a ser tan difícil como sacarse una cédula o un pasaporte, conseguir a un policía, reportar un hueco en la calle o registrar una compañía.