domingo, 15 de octubre de 2017

#QueTeVoteTuPutaMadre


Solo voy a decir dos cosas al respecto de las “elecciones” de hoy en Venezuela. Más bien, diré la misma cosa de dos formas distintas:
La forma más económica de decirlo, en cuanto a mis importantísimos recursos vitales, sería:
#QueTeVoteTuPutaMadre

Y la segunda forma, más elaborada, debería ser en realidad innecesaria, porque quien no haya podido aprehender el fondo del problema desde la anteriormente expuesta perla de sabiduría, no creo que pueda entenderlo ni siquiera con la más exhaustiva de las explicaciones, que por cierto no ofreceré, porque mi tiempo y el resto de mis recursos vitales valen mucho más que lo que pudiera conseguir haciéndolo. Entonces, la segunda forma de expresarlo, tan solo un poco más detallada que la anterior, pero no en demasía porque quien haya leído hasta acá y aún no esté convencido simplemente no se merece más, sería:

No votaría hoy porque no voy a votar por el madurismo, obviamente, pero tampoco por estos “opositores”. La razón por la que no votaría por estos últimos es porque: 1) Con la Asamblea Nacional, que tiene muchas más y mucho más importantes competencias útiles para luchar contra la dictadura, la MUD no quiso/no pudo hacer un carajo, a pesar de haber prometido en la correspondiente campaña (al igual que ahora) que iban a hacer mucho más incluso que lo que dichas competencias, mucho más poderosas que las que ahora “están en juego” hubieran permitido; 2) Con el plebiscito del 16J y prácticamente con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, estos “opositores” no quisieron/no pudieron hacer tampoco un carajo, no solo eso sino que incluso han hecho todo lo contrario traicionando el compromiso asumido en un evento histórico; 3) No votaría porque no quisiera ser yo la “materia prima” para que Tibisay esta noche decida qué gobernaciones ASIGNARÁ a quién, porque lo de hoy será cualquier cosa excepto una verdadera elección; 4) Mucho menos querría ser yo la “materia prima” para que un adeco hijo de la gran puta o un justiciero o un VPero oportunistas y con poca fibra como para haber hecho algo distinto, puedan decir el día de mañana que su partido debe ser el que más mee, el que más peso tenga a partir de ahora en las decisiones de la “unidad” porque recibieron “xxx” votos hoy; 5) y, finalmente, no votaría hoy porque sé que la única utilidad de cualquier gobernación que Tibisay tenga permiso de ASIGNAR hoy por la noche, es la de que el partido opositor premiado por la dictadura (que tendrá que devolverle eventualmente el favor de alguna manera) pueda tener un presupuesto público mínimamente garantizado y mínimamente jugoso como para, corrupción de por medio, poder mantener materialmente a buena parte de sus inútiles e inmorales militantes que estén felices de ganarse así la vida.

Respecto a esto último estemos claros. Con una silla en la AN se podría mantener tan solo el líder partidista de alto perfil y un puñado de sus “asesores”. Muy pocos comerían de ese cambur y, además por esto mismo, la dictadura pudo darse el lujo de no darles un centavo y mandarlos a llorar pa’l valle sin problema alguno. En cambio, con el presupuesto de una gobernación, por muy pequeña que esta sea, sí podrían comer bastantes fieles militantes, bien sea dándoles cargos inventados o dándoles cargos de verdad para los cuales, en su inmensa mayoría, ni estarán calificados ni ejercerán realmente, pues dedicarán su tiempo a seguir haciendo labores partidistas, pero ahora con un sueldo público cortesía de la corrupción de color opositor. Y a diferencia de lo que pasó con la AN, a la dictadura le costaría mucho más no dar ni un centavo a todo un estado, porque de esos presupuestos estadales no solo dependerá la cola de nuevos enchufados que están hoy esperando para ser premiados por su lealtad, sino un gran número de servicios públicos cuya no financiación sí tendrá un impacto visible (más bien sufrible) para millones de personas. Y no nos engañemos, si pasado mañana la dictadura decide asumir el costo político de pasar sólo 10 bolívares a los estados que Tibisay ASIGNE hoy a “opositores”, incluso mandando a comer mierda a todos los ciudadanos que dependen de los servicios estadales que quedarían sin ser financiados (o simplemente reemplazando estos servicios por otros manejados por el gobierno central, como ha ocurrido tantas veces minimizando el costo político), de todas maneras 5 bs irán religiosamente a los bolsillos de los leales políticos profesionales opositores que han sido incapaces o no han querido acabar con la dictadura socialista venezolana.

En fin, si usted quiere “votar” hoy para que el martes algún adeco escogido por Tibisay (con permiso de Diosdado) pueda decir en alguna reunión de la “unidad”, mientras menea un güisqui con su meñique izquierdo, que son los adecos quienes deberían tener la voz cantante en la coalición opositora que no ha querido/no ha podido derrotar a la dictadura (pero eso sí, que ha sido muy eficiente segregando, insultando o entregando en bandeja de plata a la dictadura a quienes sí han querido intentarlo), una “unidad” que además nos prometió el paraíso si le entregábamos la Asamblea Nacional (porque “los espacios son importantes y no deben abandonarse”) pero que no hicieron nada con ella, una coalición que despreció nuestro voto del referendo del 16J haciendo todo lo contrario a lo que se votó y traicionándonos a todos, pues vaya y “vote” hoy, premie al adeco de su preferencia o al otro justiciero o VPero que le haya tocado. Y si además se recrea al imaginar que mientras aquel adeco sobra’o diga eso en alguna reunión del martes, le aplauden con vehemencia unos nuevos corruptos, unos felices enchufados estrenando sus nuevos cargos inventados porque ahora sí hay pa’ mantenerlos y cuyo único mérito haya sido estirar el cuello al posar al fondo en las ruedas de prensa de sus señores feudales del partido, vaya y “vote”, por lo que más quiera, hágalo, estará invirtiendo muy bien hoy su “voto” porque justamente y solo para esto es la “elección” de hoy, pero hágalo sin engañarse ni engañar a más nadie.

Si en cambio no va a votar repita conmigo, en voz alta y de forma reiterada:

#QueTeVoteTuPutaMadre

Lo de hoy NO es una cruzada contra la dictadura. Es la movida oportunista de un sector de la “oposición” para adelantarse a otros y sacar el mayor provecho político y (especialmente) económico (corrupción de por medio) que se pueda. Así sea traicionando a los millones del 16J y a las decenas asesinadas en las manifestaciones de este año. Y lo convocan a usted para que vuelva a ser su tonto útil “porque, total, votar no cuesta nada”. Para la dictadura lo de hoy es un trámite irrelevante. Los “resultados” ya están listos tan solo que no han sido hecho públicos, al igual que los siguientes pasos de quienes ya han decidido esos “resultados”. Y hasta en el hipotético y poco probable escenario en el que todo el país quedara pintado de azul, sepa usted que fue así solamente porque así le habrían dicho a Tibisay que podría pintarlo, porque quien le dará órdenes a Tibisay esta noche sabe que incluso con todas las gobernaciones la “oposición” no podría hacer nada de lo que pudo y debió haber hecho teniendo controlada la Asamblea Nacional. Porque ya sabe el que decide la asignación de las gobernaciones esta noche, que las pocas y menos importantes competencias de las gobernaciones serán eliminadas formalmente o de facto, según le convenga, de forma mucho más sencilla y con un mucho menor costo político que lo que ya hizo la dictadura (y se dejó hacer la “oposición”) con las competencias de la Asamblea Nacional.

En vista de esto, al menos el parapeto de hoy todavía se podría convertir en ganancia, al castigar a este monopólico liderazgo opositor y a sus miles de enchufados-wanna-be que se han partido el lomo buscando “votos” (más bien “gente en las colas”) y que no han podido y/o no han querido liberar a Venezuela de la dictadura socialista. Esto se puede hacer simplemente no “votando” hoy. No votar es también un derecho y hoy más que nunca conlleva un mensaje claro y muy importante (además de la muy justa y necesaria mentada de madre a quienes nos vuelven a pedir, luego de su enésimo fracaso y traición, el premio de un cheque en blanco): el liderazgo opositor DEBE cambiar para que Venezuela PUEDA cambiar. Ese es el único poder que tiene usted hoy, no se engañe, no tiene otro. Solo de usted dependerá ejercerlo o regalárselo a algún adeco meneando un güisqui con su meñique izquierdo en alguna reunión el próximo martes.

Luis Luque

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lunes, 2 de octubre de 2017

Mi Visión del Problema Catalán

Hasta ahora había evitado pronunciarme públicamente sobre la crisis política catalana. La razón no ha sido la de evitar meterme en asuntos complejos que además levantan pasiones en estas tierras en las que soy un recién llegado. Por desgracia, siendo liberal, ese a veces muy útil instinto de quedarse callado por prudencia política está muy relegado en mi orden de prioridades. En cambio, la razón de mi aparente indiferencia ha obedecido más a la tristeza y la frustración de anticipar como inevitable lo que desde ayer, primero de octubre, ha comenzado a manifestarse en Cataluña.
Poniendo las cosas en perspectiva: ¿Valdría la pena un solo muerto por cómo la clase política (la catalana y la española) han decidido comprometerse (para no decir enredarse) en sus estrategias para afrontar este problema? Intuitivamente debería parecernos que algo está muy mal cuando la forma en que se ha dejado desarrollar esta crisis pudiera conllevar algo tan drástico e irremediable como la muerte de alguien. Especialmente si el muerto pudiera ser un ciudadano de a pie cuya única aspiración, desde su propia perspectiva personal, pudo ser la de ejercer su derecho de autodeterminación política, por las razones que creía convenientes (nos parezcan buenas o no) y a través del medio más civilizado y pacífico de hacerlo: votando, aunque sea ilegal.
Algo de fondo está definitivamente mal y el ensordecedor ruido producido en torno a un problema con tantas aristas, ha evitado a la sociedad española dar con la raíz del problema y ponerlo sobre la mesa de manera preventiva para intentar resolverlo antes de pasar a mayores. Tal vez una desgracia estos días ayude a poner las cosas en perspectiva para atender las razones fundamentales. Tal vez una desgracia sea efectivamente lo que busca de manera macabra algún sector independentista, solo para ganar peso en una futura negociación política que se habría tenido que dar antes de llegar a esto.
Por muy impecable que pueda ser estos días la actuación de los cuerpos de seguridad en Cataluña, por muy ajustadas que puedan estar esas acciones al marco legislativo vigente, por mucho que tengan su origen en las decisiones de jueces y ni siquiera del ejecutivo, es un juego muy peligroso el que se comenzó a jugar ayer en Cataluña. Al final, en alguna calle, entre insultos, empujones y entre objetos volando por los aires en medio de un huracán de adrenalina, cualquier cosa podría pasar. Y lo que al final ocurra será el resultado directo de utilizar todo el peso del Estado para evitar que se ejerza un derecho no previsto en el marco legislativo vigente, a través de un mecanismo pacífico tampoco previsto y que no hace otra cosa que, justamente, evidenciar la ineptitud del Estado en cuanto a ajustar sus instituciones formales a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a las coyunturas políticas. No solo a los liberales sino a toda persona bien debería entristecer que pueda ocurrir una desgracia mayor al ya notable número de heridos, debido al vasto despliegue de poder estatal que debió ser puesto en marcha esencialmente por causa de un déficit en la propia actuación del Estado que ahora se planta, resuelto y poderoso porque no le quedaba otra alternativa, en las calles de Cataluña.
Es una verdadera lástima que en buena medida lo que nos ha traído hasta acá sea que el problema catalán haya sido predominantemente comprendido y debatido en términos muy mediocres y superficiales, tanto por los medios de comunicación como por la clase política. Bien sea en función de la confrontación de nacionalismos (el español vs el catalán), o en críticas acerca de lo ciertamente irregular del proceso electoral o, en el caso más refinado, en términos de la utilidad social de acatar y hacer obedecer el marco legislativo vigente, más allá de si este es efectivo o no en su rol de garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este superficial enfoque que no nos ha acercado a examinar como es debido las causas fundamentales del problema, creo que tiene dos grandes raíces principales:
La primera es la equivocada pero generalizada concepción colectivista –el llamado derecho a la autodeterminación de los PUEBLOS- de lo que en realidad es un derecho individual fundamental (si bien de eminente práctica asociativa), prácticamente no reconocido ni desarrollado en ningún marco legislativo dentro del dominante paradigma Estado-nación: el derecho de los individuos a la libre y voluntaria asociación y des-asociación política.
En pocas palabras, según la distorsión colectivista, si no eres PUEBLO o NACIÓN, no se te reconocería ningún derecho a la autodeterminación. Si tus argumentos para la secesión no son de este particular sabor de colectivismo, serían excéntricos o poco importantes y no tendrían oportunidad alguna de comenzar a ser reconocidos como legítimos por los poderes establecidos. Así puesto, no extraña que el independentismo catalán haya invertido décadas en alimentar su particular fábula nacionalista para legitimar (además de movilizar) su proyecto independentista. Tampoco extraña que la respuesta más mediocre al independentismo catalán sea oponerle el nacionalismo español. Por supuesto, en su versión discretísima propia del post-franquismo, así sea invocando la romántica idea nacional de la España unida, en la forma de un extraño derecho que tendría todo el PUEBLO español a que no le dividan su país.
La ampliamente aceptada versión colectivista del derecho a la autodeterminación ha sido, en efecto, un poderoso incentivo para el surgimiento del nacionalismo catalán. Y no me extrañaría que, especialmente en caso de agravarse la crisis en Cataluña o de tener eco en otras regiones, se produzca también un resurgimiento del nacionalismo español y que España se una al triste club de países europeos con nada despreciables partidos populistas nacionalistas de extrema derecha.
La segunda raíz del mediocre enfoque del problema catalán, creo que es esa generalizada idea de que la ley y los derechos son exclusivamente aquellos que se decreten en las instituciones políticas formales que conforman el Estado. O, más bien, que fuera de estas instituciones formales no existe y, por tanto, menos aún podría ser superior a ellas, ninguna otra fuente de derecho. Una idea que, por cierto, se afianza todavía más en contextos democráticos en donde existe tan solo un grado tolerable y no muy evidente de mínimo irrespeto a derechos fundamentales. Pero esta concepción de que fuera de la legislación y mucho menos superior a ella no existe nada es equivocada y peligrosa, aunque en un país moderno, democrático y civilizado como España, sea poco obvia y preocupe casi nada al ciudadano promedio.
Un alemán de la década de los 30 o un venezolano de hoy pueden entender perfectamente que lo que sale de las instituciones políticas formales, incluso como lo fue en el caso alemán, atendiendo a todas las formas y procedimientos legales y democráticos, puede llegar a ser obviamente incompatible con derechos fundamentales, cuando no impecablemente contrario a toda concepción de dignidad humana.
Por suerte, la España de hoy no llega a esos extremos, pero como sucede en cualquiera de las sociedades liberales occidentales modernas más civilizadas –mucho más allá de la obviedad y de la consciencia que de esto como problema trascendental puedan tener sus ciudadanos promedios- los marcos legislativos no necesariamente son perfectamente compatibles con los derechos individuales fundamentales. En términos llanos: no todas las leyes son buenas, ni todo lo bueno es ley.
 Esta desalineación entre genuinos derechos y legislación puede manifestarse de varias formas: 1) La legislación puede efectivamente contrariar algunos derechos fundamentales; 2) La legislación puede tener carencias al no recoger ni desarrollar algunos derechos fundamentales; y 3) La legislación puede elevar a la misma categoría de derechos fundamentales cosas que no son tales.
Si la legislación española no prevé el ejercicio de un derecho, en este caso el derecho a la autodeterminación política, debe reconocerse y atenderse esa deficiencia pero nunca desconocerse el derecho en cuestión. La atención y el esfuerzo deben ponerse en intentar mejorar la legislación y solo en segundo lugar en hacerla cumplir estrictamente tal y como está a pesar de sus deficiencias. En este sentido, yo habría esperado que la iniciativa y la presión para perfeccionar en este aspecto el marco legislativo español viniesen del bando independentista, pero según mi limitado entender no creo que haya habido ni la voluntad ni el más mínimo intento. Si este fue el caso, la responsabilidad entonces recae sobre el gobierno central, cuya principal misión no es la protección de una España unida, ni hacer cumplir un marco legislativo deficiente, sino la de garantizar los derechos fundamentales de los españoles. Por lo que, incluso a pesar de comprender que se pretenda también ser el protector de una España unida y de tener la obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente frente a acciones claramente ilegales del independentismo catalán, la prioridad del gobierno central debió haber sido iniciar un diálogo nacional en torno a negociar la reforma del deficiente marco legislativo, para simultáneamente: poder garantizar un derecho hasta entonces no reconocido y evitar una crisis política cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves que la simple independencia de Cataluña.
La aspiración no debe ser nunca mantener rígidos marcos legislativos sino permitir que evolucionen para compatibilizarlos cada vez mejor con los genuinos derechos individuales fundamentales de los ciudadanos. Dicha evolución, por supuesto, está marcada por los ritmos políticos, las formas institucionales y las inercias históricas de cada sociedad. Pero los únicos que son “de piedra” y “sagrados” son los derechos inherentes a nuestra común naturaleza humana, jamás el aparataje formal burocrático con el que se intenta a duras penas garantizarlos y desarrollarlos efectivamente desde ese artefacto político llamado Estado. Que las instituciones políticas formales estén petrificadas y que esto sirva para perpetuar una situación en la que, para colmo, no se ofrezcan garantías efectivas suficientes de algunos derechos fundamentales, podría ser el sueño de los más rancios conservadores o, en general, de quienes presidan o aspiren a controlar esas instituciones petrificadas para velar en primer lugar por sus propios intereses. Pero una fiel protección a toda costa del status quo no tiene por qué ser de interés general y las más de las veces suele ser más bien contrario a este.
Los Estados-nación modernos no se supone que sean prisiones políticas con una configuración eterna e inamovible hasta el fin de los tiempos. Son los sucesores de una multitud de otros sistemas políticos diferentes experimentados en el pasado y serán tan solo los ancestros de las futuras comunidades políticas formales que aún no conocemos. Las cosas cambian y los países también y nada nos sugiere que el Estado-nación sea el diseño acabado perfecto que haya que tener por sagrado y defenderlo a cualquier costo. Mucho menos la configuración concreta de un Estado en particular. La España de hoy, como cualquier otro país, es una comunidad política que ni siempre fue igual ni continuará siendo igual en el futuro. Lo ciertamente importante sería preguntarnos no a qué evolucionará sino ¿Cómo evolucionará? Así como la democracia nos permitió prescindir del derramamiento de sangre en la alternancia del poder, ya podríamos experimentar hoy con novedosos mecanismos que nos permitan evitar eventos y transiciones traumáticas, pero ahora en el ámbito de la inevitable evolución de las formas de las comunidades políticas. Unos mecanismos formales que permitan efectivamente servir mejor a la defensa de los derechos de los ciudadanos, evolucionar hacia el futuro y además hacerlo con el menor trauma posible.
Pero, si se mantienen las rigidices y un marco legislativo se percibe como intolerablemente desalineado con los derechos fundamentales, es legítimo y muy probable que los ciudadanos actúen desconociéndolo.
No me malinterpreten, no soy un revolucionario. Hay muchas razones para justificar acatar y hacer cumplir un marco legislativo incluso cuando sea deficiente. Se me ocurren tres importantes: La primera de ellas es la predictibilidad y la constancia, necesarias para que todos podamos seguir con nuestras vidas al reducirse la incertidumbre por asumir que todos los demás van a respetar las mismas normas que yo. La segunda es el mal ejemplo que podría incitar a otros a desconocer otras partes del marco legislativo que sí garantizan derechos fundamentales, de ahí por cierto que las malas legislaciones suelan terminar consiguiendo la perversión total de la ley. Y la tercera, es que dejar de reconocer unilateralmente el marco legal (justificadamente o no) es muy costoso, tanto a nivel individual como a escala social.
Así, lo más sanamente recomendable desde mi perspectiva sería siempre intentar corregir el marco legislativo de forma progresiva y negociada, con el único objeto de efectivamente alinear la legislación vigente con los derechos fundamentales de los ciudadanos, no derivados de aquella sino inseparables de su condición humana. Y sólo en última instancia, habiendo agotado lo anterior, hacer un llamado a desconocer la legislación vigente por ilegítima. Esto último parecería lo más sensato en los casos extremos de la Alemania nazi o la Venezuela de hoy en día, pero no parece muy oportuno ni justificado en el caso de la España de hoy.
¿Se agotaron exhaustivamente todas las negociaciones para incluir en la Constitución española mecanismos formales para regular una secesión de parte del territorio? No me atrevo a responder con seguridad, pero intuyo que no. ¿Sobre quién recae principalmente la responsabilidad de no haber agotado esa vía? Tampoco puedo responder con seguridad, pero me arriesgaría a decir que en este contexto primero sobre los independentistas catalanes e inmediatamente después –y sin justificar su aparente apatía en la también aparente unilateralidad y negativa a negociar de los primeros- sobre el gobierno español ¿La unilateralidad del independentismo catalán se entienden por una hipotética intransigencia continuada del gobierno español? Honestamente no tengo idea, tampoco sé si los casos de corrupción en Cataluña o más bien la nefasta influencia de la izquierda antisistema catalana estén siendo los factores determinantes de esa actitud.
Pero lo que sí creo poder afirmar con un buen grado de seguridad es lo siguiente: Considero genuino el derecho a la autodeterminación no sólo con un carácter nacional sino, en general, con un carácter puramente individual y asociativo. Y, como derecho fundamental que es, debo considerarlo superior a cualquier marco legislativo vigente que lo contraríe o no lo garantice efectivamente. Además considero que el marco formal, tanto español como europeo, fallan, bien sea por no reconocer este derecho fundamental, o por no desarrollar los mecanismos para poder ejercerlo o, incluso, por presentar deliberadamente barreras desproporcionadamente costosas para prevenir y desalentar cualquier intento de ejercerlo.
Ya he sugerido que ante esta situación particular, mi preferencia sería la de optar por una actitud conservadora reformista antes que por la alternativa revolucionaria. Pero solo soy yo, definiendo cuáles son MIS medios preferidos para intentar alcanzar una situación en la que pudiera ejercer mejor un derecho que sé que tengo aunque no se me garantice, pero que cuyo ejercicio valoro CONCRETAMENTE en comparación a otras cosas que también valoro. Por contraste, mi preferencia en la crisis venezolana sí sería una rebelión (de preferencia pacífica) contra el poder absoluto de un estado totalitario socialista.
Un derecho es absoluto y universal, pero cuánto valoro ese derecho, por qué lo hago, los medios que se puedan escoger para intentar garantizar el poder ejercerlo y aquello a lo que debería renunciar para llegar a esa situación ideal, no son ni absolutos ni universales, son cambiantes, individuales y subjetivos. Es decir, no se discute si el derecho se tiene o no, pero sí son perfectamente debatibles los medios para intentar garantizar su ejercicio, así como también las razones por las que valoramos ese derecho, cuánto lo valoramos, si es poco, mucho o suficiente como para asumir ciertos riesgos y costos asociados a utilizar algún medio en particular, también debatible, para alcanzar el objetivo de poder finalmente ejercer el derecho. Lógicamente un medio, un riesgo o un costo que implique la potencial violación de derechos fundamentales de terceros deberían ser descartados a priori y este sería el mínimo exigible a todos. Pero aparte de esa exigencia, cualquiera debería poder escoger cualquier medio que estime conveniente, así como valorar en el grado que desee y por las razones que estime conveniente, tanto el ejercicio del derecho como aquello a lo que tendría que renunciar en su lucha para conseguir ejercerlo.
La pregunta individual entonces es: ¿Qué tan intolerable debe ser el hecho de no poder ejercer un derecho fundamental como para justificar emprender qué tipos de acciones políticas? No existe una respuesta válida a esta pregunta para toda persona y circunstancia. Nótese que en general esta pregunta aplica para cualquier derecho fundamental y que podría verse como una de las principales conexiones entre derechos y política.
Aquí es donde se hacen evidentes las dimensiones individual y subjetiva en el problema de la autodeterminación política, o en general de cualquier otro derecho de carácter absoluto y universal: Como ser humano tengo derecho a asociarme y des-asociarme de cualquier especie de comunidad política que me imponga deberes a cambio de garantizar mis derechos, implicando obviamente el derecho a no ser obligado a permanecer asociado si no me da la gana. Pero en la práctica, la valoración tanto de las circunstancias como del propio ejercicio del derecho no reconocido depende de cada quien. En la inmensa mayoría de los casos el estado de cosas es tal que poco le importa realmente a la mayoría de las personas no poder ejercer este derecho, incluso si tuvieran consciencia tanto de tenerlo como de que tienen prohibido ejercerlo.
Y, por otro lado, las cuestiones prácticas de llevar a cabo una independencia exitosa y sostenible, a la que tendría todo el mundo igual derecho, acarrean costos que, además de la prohibición de hacerlo, también representan desincentivos para intentarlo. De ahí que, si bien tendría todo el derecho de declarar la famosa “República Independiente de Mi Casa”, poderosas razones prácticas me llevarían a no querer intentarlo nunca, independientemente de las sanciones que tendría que enfrentar en caso de intentarlo teniéndolo prohibido.
Sumando todas estas cosas: que por lo general a nadie le importa mucho (especialmente en países democráticos liberales occidentales) ejercer su derecho a la autodeterminación; que las sanciones asociadas a la prohibición serían muy altas; y que en caso de no estar prohibido los costos prácticos serían bastante considerables; explican por qué el derecho a la autodeterminación política nos parece un poco raro, prácticamente una excentricidad. Sobre todo en países “normales” sin conflictos étnicos, nacionales o raciales y sin flagrantes violaciones de derechos humanos. A esto habría que sumarle el hecho nada despreciable de que todo gobernante quiere seguir gobernando sobre todo el territorio y sobre todos los súbditos (perdón, ciudadanos) sobre los que siempre ha gobernado. Pero nada de esto desmerita la calificación de derecho, tan solo nos informa sobre qué tanto parece importarle ejercerlo a los ciudadanos y qué tan difícil o útil les parece que sería hacerlo.
Por eso es que, obviando Cataluña, en prácticamente todas las sociedades civilizadas sus ciudadanos no consideran tan intolerable el verse obligados a permanecer dentro de un país como para motivarse a ejercer acciones políticas radicales para una independencia. Unas pocas personas llegarían tal vez hasta recoger firmas para avalar el reclamo independentista de la unidad político administrativa en la que viven, pero seguramente a casi todos les parecería absolutamente injustificado llegar a tomar las armas para conseguirlo.
Sin embargo, en otras circunstancias muy distintas a nuestras privilegiadas sociedades, la percepción de la mayoría de los ciudadanos puede ser otra. Incluso hasta el punto de que nosotros mismos empaticemos con el clamor independentista en otras latitudes cuando acá le parecería a muchos que ni siquiera es un derecho. De manera ilustrativa, siempre desde la perspectiva individual y subjetiva, un kurdo en Turquía tal vez no pueda encontrar razones de peso para justificarse a sí mismo luchar con las armas por un estado kurdo, pero a un kurdo en el Irak de Hussein o en la Siria de hoy sí que podrían ocurrírsele muy fácilmente muchas razones que sí le motivarían a hacerlo. A un judío en Brooklyn la idea del sionismo puede parecerle indiferente o hasta exagerada, pero para un judío emigrado de Europa central o de Egipto ya no tanto. Un escocés que haya votado por permanecer en Reino Unido el año pasado, hoy podría decidirse a votar a favor de la independencia, solo para intentar que Escocia eventualmente retorne a la UE.
No hay una respuesta universal a la pregunta de cuán intolerable debe ser para alguien un malestar como para justificar cada una de las acciones políticas disponibles, desde el escocés que pueda cambiar su voto por la independencia de Escocia, hasta el kurdo en Siria que pueda llegar a tomar las armas para construir un Estado kurdo en el que se sienta más protegido. Esto dependerá solamente de esa especie de cálculo subjetivo de carácter individual, en el que cada quien comparará sus valoraciones, riesgos, costos y beneficios de mantener la unión o actuar políticamente a favor de la independencia, ejerciendo un derecho que siempre ha tenido, que siempre tendrá y que es idéntico al derecho de un parisino a quien nunca le ha pasado por la mente la idea de la secesión.
Que un tercero pretenda poner la vara para medir si se justifica o no querer independizarse para permitirlo o no, no es legítimo. Sería tan ilegítimo como sugerir que la única justificación de un divorcio debiera ser el maltrato físico. Nadie tiene derecho a decir: “si no te están tratando tan mal [según mi criterio], no tienes derecho a irte”. Pues es una decisión de cada quien decidir en qué punto tomar alguna acción para ejercer su derecho, en este caso a la autodeterminación, a pesar de que podamos identificarnos mucho más con algunas razones que con otras. Eso sí, las acciones que se tomen conllevan responsabilidades y estas responsabilidades, como en cualquier otro ámbito, deben ser siempre asumidas por quienes actúan y esto tampoco está sujeto a debate.
Por desgracia, en la práctica esta vara sí que está puesta por terceros. Bien sea por quienes solo alcanzan a defender la autodeterminación de los PUEBLOS, sugiriendo que la identidad nacional sería la única razón válida, como también por quienes argumentan que sólo se justificaría una secesión cuando se violan ciertos derechos fundamentales [los que más valoran ellos] en cierto grado [el que ellos considerarían intolerable]. Confunden todos ellos las que solo serían sus propias razones de peso en caso de verse ellos mismos en los zapatos del independentista, con lo que quieren ver como justificaciones generales para permitir o no el ejercicio del derecho a la autodeterminación o, más grave aún, confunden sus hipotéticas razones particulares con la mismísima definición de cuál sería exactamente el derecho de todos los demás.
Por supuesto son analizables y debatibles en muchas y muy interesantes dimensiones muchos temas: si el nacionalismo catalán es mítico o si tiene algún asidero histórico; si a estas alturas en el primer mundo el nacionalismo merezca o no ser una razón de peso para cualquier cosa; si se ha impuesto el nacionalismo catalán con un adoctrinamiento al mejor estilo chavista; o si el nacionalismo ha lavado el cerebro de los catalanes como para hacerles ahora valorar desproporcionadamente más el ejercicio del derecho a la autodeterminación y desproporcionadamente menos los costos de una separación e incluso de una rebelión contra el Estado español. De igual manera son debatibles los medios por los que ha optado el independentismo catalán, especialmente oportuno es este debate si se sospecha que tienen el potencial de violar derechos fundamentales de terceros. Y también merecería la pena debatir sobre los medios por los que ha optado el gobierno central para enfrentar esta crisis, desde no promover una negociación para atajarla y reformando antes el marco legislativo, hasta si debe hacer cumplir la legislación aunque sea deficiente y además con esa potencia (para no comenzar a decir desproporcionalidad) que se ve desde ayer en las calles catalanas. Si bien todos estos debates son interesantes y hasta necesarios, nada tienen que ver con que efectivamente un catalán, como cualquier otro ser humano, tiene el derecho a la autodeterminación política y debería poder aspirar a ejercerlo (por supuesto de la mejor forma) en caso de que así lo decidiese.
Llevándolo al absurdo, en el caso de un fanático que hiciera explotar una bomba en un centro comercial en nombre de la independencia (algo que todavía está fresco en la memoria de los españoles), su crimen no sería ser independentista, esto fue tan solo su motivación inmediata para tan evidentemente desproporcionada, vil y criminal acción. Su crimen fue asesinar personas, punto. Ayer el crimen en Cataluña no fue votar, ni ser independentista, sino haber desconocido unilateral y activamente (en la forma de un referendo ilegal) el marco legislativo español, que no prevé mecanismos para el ejercicio de un derecho fundamental. Pero debe quedar muy claro que: (1) Las motivaciones de cada quien para ser independentista hoy en Cataluña son un tema muy distinto a (2) las acciones políticas elegidas para ejercer su derecho y ambas son además distintas al (3) derecho a la autodeterminación política y al hecho de que (4) el reconocimiento de este derecho en los marcos legislativos pertinentes es deficiente, cuando no inexistente o claramente violatorio.
Por desgracia (1) y (2) (por qué querrían independizarse los catalanes y por qué han optado por esa estrategia ilegal unilateral) han definido el debate político y han puesto sobre la mesa temas ciertamente importantes, como los nacionalismos, el adoctrinamiento y hostigamiento en Cataluña, la importancia de la obligación de hacer cumplir el marco legislativo vigente o si ha habido o no la suficiente negociación política. Pero estos temas han producido el suficiente ruido como para hacernos olvidar que (3) no puede estar sujeto a debate por ser la autodeterminación política un derecho fundamental y que el problema de fondo es en realidad (4): ¿Cómo hacemos para mejorar el marco legislativo español y europeo para que se reconozca efectivamente un derecho fundamental sin tener que caer en una espiral traumática innecesaria para quienes quieran ejercerlo?
Con todo lo anterior podrían replantearse muchas de las consignas superficiales que hoy se manosean en torno a esta crisis. Como por ejemplo aquella que creo que viene desde un discretísimo nacionalismo español: “No pueden los catalanes decidir solos cómo sería España”. Esta idea es engañosa y en vista de lo planteado en estas líneas creo que podría replantearse más correctamente como: “Todos los ciudadanos españoles deben poder decidir cómo reformar el marco legislativo para incorporar las garantías y los mecanismos para el ejercicio del derecho a la autodeterminación política, PERO, en ese marco debe preverse que cada región vote de manera autónoma para decidir si continúa o no perteneciendo al reino español”. Así, un andaluz debe poder pronunciarse en cuanto al marco que, de ahí en adelante, regule el derecho de todos a la autodeterminación política. Pero, ya con ese marco, debería corresponder sólo a los catalanes (en su definición amplia según establezca el marco regulador) decidir si desean o no seguir formando parte de España o iniciar los mecanismos ahora previstos para la secesión, con las condiciones y la transición que se prevean en esa norma.
De manera equivalente, se tendría que replantear también la consigna principal del otro bando “El derecho a decidir de los catalanes”, que podría quedar como: “Los catalanes (en el sentido amplio establecido en la norma) y solo ellos tienen el derecho a decidir si desean quedarse o no en España, PERO, no pueden hacerlo unilateralmente ante la ausencia de un marco regulatorio común para todos, pues todos los españoles deben poder participar en el diseño del marco que regule, de ahora en adelante y para todos, cualquier iniciativa de secesión de una región española, incluyendo las condiciones, la transición y la garantía de los derechos de todos los ciudadanos que puedan verse afectados con este hecho”.
De igual forma, la consigna con la que se critica la actitud asumida por el gobierno español: “Dar una respuesta judicial en vez de política”, aunque sea la más acertada de todas, debería desarrollarse con mayor detalle: “El gobierno central, como segundo responsable político en este tema después de los independentistas catalanes, debió haber previsto la inevitabilidad de verse judicialmente obligado a hacer cumplir el marco legislativo vigente (con potenciales resultados indeseables) y debió haber tomado la iniciativa de ofrecer una negociación política que llegara incluso hasta modificar la legislación para prever el ejercicio ordenado del derecho a la autodeterminación”.
Casi tan claro como que yo nunca debería aspirar a diseñar consignas y eslóganes breves y pegajosos, es que de haberse resuelto antes todas estas cosas, hoy no estaríamos en esta situación tan crítica, peligrosa y triste en Cataluña y además se tendría un marco legislativo más compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Qué lástima haber perdido esa oportunidad y en cambio estar ahora todos enredados en una complicadísima y delicada tesitura. La coyuntura se pudo haber parecido más a la de la Escocia más civilizada, en donde sin mucho trauma, de tanto en tanto, se evalúa la posibilidad de su independencia del Reino Unido. Eso sin necesidad de desplegar tropas del Estado central en las calles o de convocar a niños como escudos humanos en los colegios para evitar que se confisque el material electoral. Mientras, en el medio de todo eso, los policías locales se encuentran al borde de la desobediencia institucional, frente al conflicto de tener que golpear a sus vecinos hiperestimulados para hacer respetar una legislación deficiente que no les proporciona mecanismos para ejercer un derecho, simplemente porque quienes pudieron haberla reformado optaron mejor por un choque de trenes.
La referencia a Escocia nos lleva a pensar ahora en el marco europeo, que por ser sus instituciones un club de gobiernos, no debe extrañar que oponga como barrera de salida a los posibles proyectos secesionistas, la automática expulsión de la Unión Europea de cualquier territorio que se independice de un Estado miembro. Incluso en el caso de Escocia, cuyo derecho a la autodeterminación sí está previsto así como los mecanismos regulares para ejercerlo. Los políticos británicos han utilizado hasta hace poco esta carta de alto costo para desincentivar al independentismo escocés. Pero ahora el resto de los líderes europeos tienen a un Reino Unido fuera de la UE y a una Escocia que, de ser independiente, pudo haber permanecido en la Unión. Estas y otras paradojas suelen ser frecuentes cuando los marcos legislativos no se alinean con los derechos de las personas. Las contradicciones no suelen tardar en emerger y terminar por abofetear a las propias élites políticas responsables directas de esta desalineación.
En vez de esta crisis, todos los españoles podrían estar discutiendo hoy cómo reformar su marco legal para mejor, incluyendo las garantías y los mecanismos para el derecho a la secesión de todos los españoles. Temas como: los mínimos para iniciar una propuesta de independencia; los mínimos en cuanto a participación y votos favorables para ser aprobada; cuáles serían los electores llamados a participar en el referendo de independencia (residentes, nacidos en el territorio, no residentes con arraigo o propiedades, etc.); los procedimientos preferenciales para obtener la ciudadanía en el nuevo Estado para los ciudadanos que fueron habilitados para votar en el referendo y sus núcleos familiares; los mecanismos para la renuncia a la ciudadanía del Estado del que se separa el Estado independiente para aquellos ciudadanos que deseen renunciar a ella; previsiones importantes como un tratado automático de libre circulación de bienes, capitales y personas entre los dos Estados con cierta duración y que pudiera ser renovado indefinidamente si así convienen ambos gobiernos; cómo sería el reparto de los activos y de las deudas para cada uno de los Estados; los mecanismos de conformación del gobierno provisional del nuevo Estado y los tiempos para las primeras elecciones generales; los tiempos y mecanismos para redactar y aprobar la Constitución del nuevo Estado; y un largo etcétera.
Temas muy relevantes para tener reglas claras y previsibles previas a cualquier proyecto secesionista y para las cuales, como ya se ha dicho, todo ciudadano español debe poder tener algo que decir. Independientemente de que una vez aprobado el marco, solamente un subconjunto de los españoles (e.g. los residentes del territorio en cuestión, los nacidos en él, algunos antiguos residentes, los no residentes pero con propiedades o algún tipo demostrable de arraigo, etc.) sean los únicos convocados a decidir su separación.
Y en el ámbito europeo, con la participación del resto de los Estados miembros, se podría estar discutiendo también la incorporación de previsiones para definir la relación futura con los nuevos Estados que se pudieran independizar de aquellos, como por ejemplo: la definición de un status de asociado temporal para dicho nuevo Estado; la garantía del mantenimiento de la ciudadanía europea de los ciudadanos que no renuncien a la ciudadanía del Estado miembro del que se separan; una vía preferente para la adhesión del nuevo Estado a la Unión mientras mantenga su status de asociado temporal; la definición clara de aquellas partes de los convenios y acuerdos que se mantendrían vigentes o suspendidos para los Estados asociados temporales durante el tiempo previsto; la previsión de un tratado automático de libre circulación de bienes, capitales y personas entre el nuevo Estado y la Unión una vez que se venza su condición de Estado asociado temporal, con cierta duración y posibilidad de renovación; y también un muy largo etcétera.
En definitiva: el haber observado el lamentable espectáculo del día de ayer en Cataluña; el poder anticipar el de los próximos por venir; el temer además que estos acontecimientos puedan resultar en costos humanos irreversibles y alimentar posiciones todavía más radicales y con ramificaciones todavía más indeseables e impredecibles; todo esto contrastado con lo que no pudo ser, con haber podido asistir a un proceso de reforma consensuada, civilizado y de altura, tanto a nivel español como europeo, que contribuyera a alinear mejor sus legislaciones con la garantía más efectiva de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y de ofrecer mecanismos ordenados para su ejercicio, es la razón principal de mi frustración y tristeza. Y todos los demás temas colaterales y tangenciales alrededor de esta crisis, pero especialmente la poca atención sobre sus causas fundamentales de parte de la opinión pública y la clase política, no hacen sino alimentar todavía más dichos sentimientos.
Epílogo:
Acá intenté centrarme en el problema que considero la raíz de todos los demás problemas alrededor del asunto catalán: el déficit en la legislación al no reconocer un derecho fundamental como la autodeterminación política ni de prever mecanismos para su ejercicio que minimicen el trauma social al ejercerlo. Las ramificaciones de este problema principal intenté no abordarlas directamente para no hacer de estas líneas un libro. Pero sí estoy consciente de muchas de ellas, algunas muy importantes, y al respecto tendría también mucho que decir, pero simplemente preferí no hacerlo.
Como estoy consciente de que este tema hiere sensibilidades y mueve muchas pasiones, a continuación me limitaré tan solo a sintetizar mi posición en algunos de estos otros temas:
·         No estoy a favor de la independencia de Cataluña hoy con esos locos, ni mucho menos con los radicales de la izquierda anti-sistema entre su dirigencia, ni mucho menos de esa manera improvisada y unilateral.
·         No me parece prudente ni justificable haber optado por la unilateralidad, esto además de ilegal (por contrariar el deficiente marco legislativo hoy vigente) es potencialmente ilegítimo porque no se sabe cómo se afectarán los derechos de terceros y porque los potencialmente afectados no han tenido la oportunidad de deliberar.
·         Me parece una verdadera desgracia que el gobierno español se haya tenido que ver obligado (o peor aún que haya preferido verse obligado) a tener que ir a Cataluña a reprimir por la fuerza lo que tan solo es un mediocre ejercicio pacífico pero ilegal (una elección), de un derecho no previsto en una deficiente legislación. Y originado todo tanto por la intransigencia de los independentistas a insistir en el unilateralismo como por la no suficiente insistencia del gobierno central de negociar otra alternativa antes de este desastr.
·         Dentro de la unilateralidad que condeno del independentismo catalán, celebro que al menos el mecanismo elegido haya sido el voto y no las bombas.
·         El referendo como fue realizado e incluso como pudo haber sido realizado de no haber intervenido el Estado central, creo que fue una chapuza y que no ofrecía las mínimas garantías que se esperaría de un referendo regular medianamente serio.
·         El nacionalismo me parece que es la más primitiva y retrógrada motivación política para cualquier cosa, entre ellas el independentismo y la reacción frente a este. Por esto rechazo la distorsión colectivista de reconocer tan solo el “derecho a la autodeterminación de los pueblos”. Primero porque los derechos no los tienen los colectivos sino los individuos; y segundo porque la identidad común de varios individuos como miembros de algún pueblo o nación es tan solo una de muchas motivaciones (que puedo juzgar, y lo hago como estúpida, mas no prohibir) para ejercer algún derecho. Dicho esto podría relativizarlo para circunstancias diferentes a la catalana. Entendiendo, por ejemplo, que un nacionalismo como el kurdo puede justificarse como respuesta natural e incluso hasta deseable frente a otros nacionalismos en la región que puedan pretender oprimir o exterminar a la minoría kurda.
·         Razones para justificar hoy proyectos separatistas, incluso en la sociedad más perfecta y liberal de occidente, se me pueden ocurrir por decenas. En general todas las que tengan que ver con conflictos de autonomía de las regiones frente al poder central, es decir, temas que sean de ámbito nacional y para los cuales no tengan autonomía las regiones y deban resignarse a acatar los mandatos centrales. Y por otro lado conflictos por el tratamiento diferenciado desde el poder central a distintas regiones de un mismo nivel. Que tendría que ver con (sin querer pronunciarme sobre la certeza o falsedad de ninguna) lo que los españoles llaman “solidaridad” y los catalanes “España nos roba”). Que si en este caso no puedo posicionarme, sí que debo reconocer que podría llegar a situaciones extremas e injustas. Los ciudadanos de una región podrían querer independizarse por estar en desacuerdo y no ser complacidos con la modificación de políticas centrales que los afecten como: verse comprometidos en una guerra que no desean; rehusarse a cumplir con la conscripción militar o civil obligatoria;  verse comprometidos con unas políticas de gasto público, tributarias o monetarias que no deseen; no estar de acuerdo con las políticas migratorias. Podrían por ejemplo querer eliminar algún impuesto; o adherirse a la Unión Europea; o salirse de ella; o adoptar una moneda propia más estable sujeta al patrón oro, o introducir la libertad monetaria; o eliminar los aranceles en el comercio internacional; o no estar de acuerdo con la proporción del gasto de defensa; o con el sistema de pensiones; o con el estado de “bienestar”; o reformar el sistema bancario y financiero eliminando la reserva fraccionaria o permitiendo la libertad bancaria; y un larguísimo etcétera.
·         El dilema de si aplicar o no ahora el artículo 155 es parecido al de haber tenido ayer que ordenar las cargas policiales. Una vez enredado el gobierno central, por no haberse logrado antes una solución política, es casi inevitable que tenga que seguir comprometido a hacer cumplir el marco legislativo vigente por la fuerza, especialmente si así lo ordena un tribunal. Esto creo que será el camino más probable y creo también que profundizará aún más la crisis en el mediano plazo. Una alternativa que siempre queda, aunque bastante improbable, es que el gobierno promueva un diálogo para la reforma de la legislación y así negociar una pausa del proyecto independentista catalán y obligar a sus promotores a negociar, con toda España, el nuevo marco en el que sí sea legal iniciar un proceso separatista. Quién sabe si algo así haya sido siempre el objetivo real de la estrategia del separatismo catalán: provocar y usar el escándalo de estos días para sensibilizar a la opinión pública y llegar en mejores condiciones a una negociación en el futuro.
·         Sí, el mundo sería un lugar mejor si se garantizara en todas partes el derecho a la autodeterminación política.
·         No, no todas las casas, los edificios, los barrios, los ayuntamientos, las provincias y las comunidades autónomas y sus equivalentes de cualquier país del planeta se atomizarían consecutivamente en países independientes cada vez más minúsculos convirtiendo a la humanidad en un caos. Hay importantes incentivos para evitar, por ser poco práctico, comunidades políticas independientes extremadamente pequeñas. Es decir, existen razones de peso por las que a nadie en su sano juicio se le ocurriría meterse en el problema de independizar una región demasiado pequeña y con muy pocos habitantes, por lo que eventualmente se alcanzaría un equilibrio. Y, por otro lado, mientras más pequeñas sean las comunidades políticas más tenderán a abrirse al mundo, a cooperar pacíficamente con sus vecinos para poder hacer viable su existencia y a asociarse en federaciones u organismos multilaterales para lidiar mejor con retos comunes. Ya que solas, siendo muy pequeñas, no podrían afrontar muchas cosas.
·         La amenaza constante de posibles independencias, estimularía a los políticos de los gobiernos centrales a potenciar la descentralización y a brindar cada vez mayor autonomía a sus regiones, a tratarlas más equitativamente y a tomar decisiones con mayores consensos.
·         Sí, en un mundo con derecho a la autodeterminación reconocido, muchas nuevas comunidades políticas nuevas surgirían y no todas serían de nuestro agrado. Pero habrá más alternativas y competencia entre modelos políticos, de las cuales podríamos aprender mucho e ir compensando lo malo. En general, cuando un ámbito está prohibido se aniquila toda innovación en él. El ensayo y error es inseparable del hecho de que el ser humano no es omnisciente y mucho menos en cuanto a fenómenos sociales complejos. A la larga, como en todo ámbito, mayor experimentación y diversidad compensan con creces los riesgos de asumir mayores libertades y los costos de los errores cometidos.
·         No, que una sociedad sea democrática y bastante decente no justifica no garantizar derechos que tal vez en un momento dado no sean muy valorados por los ciudadanos. Tampoco la democracia, la separación e independencia de poderes y demás contrapesos de los Estados modernos más decentes son garantías definitivas y permanentes de que el marco legislativo será siempre o cada vez más compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incluso con todas las garantías, si una mayoría puede tener la intención de beneficiarse con la violación sistemática de los derechos fundamentales de una minoría, a la larga y a pesar de los procedimientos democráticos, puede esta intención llegar a convertirse en legislación que deba ser acatada por todos bajo la amenaza de la fuerza.
·          No, no sé cuál es la solución a lo anterior. Me inclino por reducir cada vez más el poder y el ámbito de las atribuciones de los Estados lo más que sea posible en cada circunstancia y aumentar la descentralización y la autonomía de las unidades político administrativas inferiores para aumentar así la diversidad y la competencia y diluir el poder. De hecho, tener como consecuencia del ejercicio del derecho a la autodeterminación más Estados más pequeños, más descentralizados, más cercanos a sus ciudadanos y menos belicosos por tener poco poder y por necesitar mucho más de otros, contribuiría a la larga y en promedio a minimizar la amenaza del poder de los Estados frente a la minoría más importante: el individuo.
·         No, un derecho no puede ser desconocido o reconocido en función de aquello que creamos poder prever como resultado de su ejercicio. Es decir, ni mi derecho a la vida, ni la garantía que debería existir en la legislación para que yo lo ejerciera en la medida de mis posibilidades, tienen absolutamente nada que ver con lo que un tercero crea poder prever que serán los resultados sociales (buenos o malos, según él) y en función de eso permitirme vivir o no. No existe tal cosa como el pre-crimen, solo existe el crimen. El punto anterior a este no es la justificación utilitarista del derecho a la autodeterminación, es tan solo una feliz casi-coincidencia. Sin entrar en detalles, no es casual que lo que sea “bueno” ofrezca (a la larga) buenos resultados, pero esto no implica que si no podemos ser capaces de anticipar buenos resultados de algo, ese algo necesariamente no sea “bueno”. Es bueno por otras razones no estrictamente utilitaristas.
·         Sí, en algunas circunstancias justifico personalmente la rebelión incluso violenta contra un Estado que haga cumplir un marco legislativo deficiente (por ejemplo en Venezuela, en la que “deficiente” es quedarse astronómicamente corto). No, Cataluña no creo que sea un caso así ni de lejos.
·         Sí, el nacionalismo catalán ha logrado elevar en las mentes de muchos catalanes el valor del ejercicio de su derecho a la autodeterminación y reducir la percepción de los costos tanto de la independencia como de una posible rebelión unilateral. Me parece personalmente terrible y potencialmente peligroso. Pero eso en ninguna medida influye en que entienda que la autodeterminación sea un derecho de los catalanes y de todos los demás.
·         Sí, el derecho a la autodeterminación es, como todo derecho, un derecho individual, aunque en la práctica se desarrolle de forma asociativa. Esto no es exclusivo de este derecho, aunque sin duda es más obvio. Querer llevar a cabo la idea de la "República Soberana de Mi Casa", sería muy costoso y seguramente impracticable. Un poco menos la “República Soberana de Nuestro Barrio” y así sucesivamente, ampliando el número de individuos que se asocien voluntariamente al proyecto de ejercer colectivamente sus derechos individuales. No es esto muy distinto a que para garantizar el derecho a mi vida decida asociarme con otros para constituir una agencia de seguridad o una policía que nos ayuda a garantizarlo efectivamente.
·         No, no puede exigirse unanimidad en un referendo de independencia, como no puede hacerse en ninguna otra decisión práctica que se refiera a la esfera pública. De hecho, si se acepta que en ciertos ámbitos estrictamente públicos la decisión mayoritaria debe ser acatada por la minoría derrotada, debe poder aceptarse automáticamente la misma situación pero ahora en un escenario en el que aquella minoría puede llegar a separarse del nuevo Estado en caso de considerar intolerablemente perjudicial el resultado e, incluso, volver a adherirse al Estado previamente abandonado. Y si esto se acompaña además con no perder la ciudadanía del Estado que se abandona (a menos que se solicitase) y con libre circulación de bienes, personas y capitales entre el nuevo Estado y aquél, incluso para el disconforme mudarse, como una última opción, tendría un bajo costo, que cada quien tendría que sopesar con el costo de quedarse en el nuevo Estado. El hecho de decidir entre todos el marco que regule las secesiones, debe tomar en cuenta todos estos elementos justamente para minimizar el trauma social.
·         No, no puede exigirse que un extremeño (sin lazos con Cantabria) vote en un referendo secesionista en Cantabria. De la misma forma que un gallego no tiene que tener poder de decisión alguna sobre una legislación municipal en un pueblo navarro, al que podría ir alguna vez y entonces tendría que acatar. Sí pueden en cambio participar todos en el diseño del marco que regule los niveles y ámbitos de las autonomías (y la posible independencia) de todas las regiones de España. Sólo así el gallego tiene algún poder de decisión sobre lo que pueden o no hacer los navarros y viceversa, al poder participar en cómo es el reparto de competencias y los grados de autonomía de todas las regiones en general.
·         Sí, en casi ninguna parte se reconoce el derecho a la autodeterminación política, pero eso no implica que no sea un derecho. Unos años atrás el voto de las mujeres tampoco se reconocía. Un poco más atrás el apartheid era legal en Suráfrica y el segregacionismo en el sur de Estados Unidos. Un poco más atrás lo era la esclavitud. Un poco más atrás eran perfectamente legales los sacrificios humanos. Las cosas cambian y a veces incluso para mejor y siempre es para mejor que se reconozcan los derechos que antes no se reconocían.
·         Sí, sería raro que un político con posibilidad de gobernar un territorio sea partidario a que parte de ese territorio pueda escapársele de las manos. También sería raro que una institución supranacional (como la UE), conformada por políticos de otros gobiernos contribuyan a esta posibilidad. Por otra parte, no es nada raro que un ambicioso político regional desee una mayor autonomía para el gobierno que él dirige y que el gobierno central no esté dispuesto a cedérsela. Todo esto solo hace más difícil o más fácil conseguir la garantía efectiva del derecho a la autodeterminación política, pero en ningún caso influyen en cuanto a determinar su estatus como un derecho genuino. Lo importante debería ser ocuparnos de no tener que ganarse el reconocimiento de los derechos por parte de los poderes constituidos a sangre y fuego, como tantas veces en la historia humana. Ya deberíamos estar grandecitos para esta gracia, especialmente cuando, como en el caso de la autodeterminación, los primeros afectados (unos para bien y otros para mal) son los políticos que gobiernan y solo muy por detrás los ciudadanos, que en la mayoría de los casos se podría prever que, en comparación con aquellos, poco verían afectado su día a día luego de una independencia y de afectarles, si el marco está bien diseñado, lo haría progresivamente en un periodo razonable de tiempo.

Luis Luque

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